Este artículo contine una explicación de la abdicación en estos momentos del rey Juan Carlos.
Por Miguel Lozano
Madrid (PL) La abdicación en junio del rey Juan Carlos a favor de su hijo Felipe provocó en España un fuerte debate sobre el tipo de organización del Estado y avivó la corriente republicana hasta niveles impensados sólo unos meses antes.
Una encuesta realizada al calor de las discusiones arrojó que el 62 por ciento de los españoles está a favor de un referendo para elegir entre monarquía o república, una propuesta enarbolada por fuerzas políticas lideradas por la izquierda.
¿Por qué la abdicación en este momento?, preguntamos al secretario general del Partido Comunista de España, José Luis Centella, en la sede de la organización en la madrileña calle Olimpo.
El mismo rey ha dicho, expresa Centella, que si no abdicaba ahora debía esperar hasta después de las próximas elecciones generales en septiembre de 2015, pero para entonces puede haber un parlamento diferente.
El dirigente comunista español apunta que hoy el 90 por ciento del Congreso de Diputados está formado por miembros de partidos claramente identificados con la monarquía.
Sin embargo, opina, si se repiten resultados parecidos a los de las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 25 de mayo, esas fuerzas llegarían como máximo al 60 por ciento y por ello se tomó la decisión de la abdicación el 2 de junio, apenas días después de esos comicios.
En opinión de Centella, luego de la votación de 2015 habrá en el parlamento una situación totalmente diferente y por ello la abdicación se presentó de una forma precipitada, ante el deterioro de los partidos monárquicos y el previsible cambio de la correlación de fuerzas.
Eso, agregó, haría más difícil la transición entre Juan Carlos I y Felipe VI, pues en conjunto los partidos Popular (PP) y Socialista Obrero Español (PSOE) estarían por debajo del 50 por ciento de la votación, cuando hoy tienen más del 80 por ciento.
A ellos se sumarían algunas fuerzas menores como Unión Progreso y Democracia que también apoyan la monarquía, mientras algunos otros partidos se abstienen en este tema.
Según su criterio, existe una fuerte relación entre el bipartidismo (como se define la alternancia en el poder PP-PSOE) y la monarquía dada por las condiciones de la transición de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) a la democracia.
La transición española -dice- marcó un mapa político fundamentalmente dominado por dos partidos y un sistema social ligado al liberalismo y eso tiene un punto de unión en la monarquía con el PP y el PSOE como sus grandes soportes.
Actualmente, subraya, la monarquía va ligada al bipartidismo y el PSOE, pese a su base republicana, entiende que para su modelo de planteamientos políticos y económicos supeditados a la Unión Europea la Casa Real es mejor referencia que la República.
Para Centella, el debate parlamentario sobre el tema se dio entre dos polos, el mayor de ellos liderado por el PP y el PSOE, que defiende la continuidad de Juan Carlos I a Felipe VI como una cuestión de trámite.
El otro polo, pequeño en el parlamento, incluye a la Izquierda Plural (alianza de fuerzas parlamentarias de esa tendencia), con algunas otras organizaciones y considera se debe consultar a los españoles si quieren ser un estado monárquico o uno republicano.
En su opinión, el debate en las Cortes (Congreso de Diputados y Senado) está trucado, porque hoy no representan de forma clara a la ciudadanía.
A ello Centella suma que, en su opinión, la transición legitimaba a Juan Carlos I pero esa legitimidad se perdió en el tiempo y hoy en día el debate sobre monarquía o república debe asumirlo la población.
Juan Carlos I perdió la legitimidad, precisa, porque no se cumplió con la Constitución aprobada en referendo en 1978: sólo se cumplió la Carta Magna en los aspectos más proclives a la burguesía y el capital, pero no en los sociales.
Entendemos, subraya, que el acuerdo de la transición está roto y la monarquía ha sido parte de la ruptura.
Un momento clave de la pérdida de legitimidad, considera Centella, fue cuando se aprobó la propuesta del gobierno del PSOE, apoyado por el PP, de modificar el artículo 135 de la Constitución para establecer que en España lo prioritario es pagar la deuda a la banca.
Así, en España si no hay dinero se pueden cerrar hospitales, colegios y dejar de ayudar a los desempleados, pero se debe pagar a la banca. Eso fue un cambio radical y a partir de ahí se perdió la legitimidad que pudo tener de origen: es una ruptura con la Constitución, afirma.
Por su parte, ante quienes consideran no es el momento de debatir entre monarquía o república, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, responde que de lo que se trata es de debatir sobre democracia.
En su criterio existe un divorcio entre la configuración actual del parlamento, en el cual casi el 90 por ciento de los diputados apoya la monarquía, y lo demostrado en la votación del pasado 25 de mayo y las encuestas.
Ante opiniones que el tema requiere de una reforma constitucional, los republicanos argumentan que ya se hicieron referendos para decidir el ingreso de España a la Unión Europea y otro sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Para ello Lara recuerda que el artículo 92 de la Carta Magna otorga al rey la potestad de convocar a un referendo a propuesta del jefe de Gobierno y previo acuerdo de las Cortes, pero en su opinión se carece de voluntad política para ello.
De momento, la transición de Juan Carlos I a Felipe VI es garantizada por la composición actual del parlamento, pero ello puede cambiar de continuar la tendencia favorable a la república en las elecciones de septiembre de 2015.
De hecho, el tema está planteado como asunto de actualidad, resultado de la sorpresiva abdicación, realizada -en opinión de muchos políticos y observadores- ante la previsión de momentos más complejos para la sucesión monárquica.
