Resulta difícil identificar en la historia dominicana, ya sea en la vida política o en cualquier forma de organización social, un precedente parecido a la despótica disposición del presidente del facto del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, de excluir o privar del derecho a decidir a la mayoría de los integrantes del PRD que debían participar en la elección de sus próximas autoridades.
Se trata de un hecho doblemente aberrante, no solo porque el PRD es la organización política de mayor tradición democrática de la República Dominicana, sino también porque el responsable de esta iniquidad es el presidente de la Internacional Socialista para América Latina que establece en el punto número uno de su Carta Ética el compromiso de: “Defender la democracia pluralista.
Implica la libertad de los ciudadanos a elegir entre diferentes opciones políticas en el marco de elecciones libres, frecuentes y transparentes”.
La excusa infeliz invocada para la comisión de esta barbarie antidemocrática es que la reducción del padrón perredeísta de un millón 200 mil miembros a 538 mil, se hizo para excluir a más de 300 mil miembros del Partido de la Liberación Dominicana, más de 60 mil del Reformista Social Cristiano y de otros partidos minoritarios que habrían votado en la convención del 6 de marzo de 2011, donde fue electo Hipólito Mejía como candidato presidencial del PRD.
Pero resulta que fue precisamente el sector de Vargas Maldonado que se ocupó de reclutar cientos de miles de nuevos perredeístas antes de la convención del 2011, como lo certifican los acuerdos que formalizó con los hermanos Serulle de Santiago, de estirpe netamente peledeísta; con José Francisco Peña Guaba y el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), aliados políticos del PLD y de Leonel Fernández; y con Angel Lockward, un reconocido cuadro del Partido Reformista que se comprometió a garantizarle más de 250 mil seguidores para votar en la convención del PRD.
No suficiente con estos acuerdos que sumaban miembros de otros partidos al PRD, el grupo de Vargas Maldonado realizó en enero del 2011 un operativo de empadronamiento de electores que de acuerdo a un anuncio de Alfredo Pacheco captó 523 mil adeptos en todo el país, que estamparon sus firmas para respaldar la candidatura de Vargas en la convención de marzo.
De manera que si en el padrón del PRD había miembros de otros partidos, el principal responsable es el propio Miguel Vargas, con lo cual pretende prevalerse de sus propias faltas para violentar los derechos de la familia perredeísta.
Naturalmente se trata de una excusa baladí, ya que en la cultura política dominicana nunca se ha estilado que una persona se desafilie de un partido para pasar a otro. Es muy probable que la mayoría de los actuales miembros activos del PLD pertenecieron al PRD o al PRSC y no se desafiliaron de esas entidades para ejercer su nueva militancia.
Con Miguel Vargas no hay nada que razonar, ya que como hombre de negocios posiblemente ha considerado todas las opciones, pero no estaría demás preguntar a dirigentes de su entorno que tienen un reconocido liderazgo en sus comunidades, como es el caso de Chacho Landestoy y Junior Santos, si han calculado el riesgo de asociar su suerte política a una práctica despótica que divide su base de apoyo y que más temprano que tarde se revertirá en contra de sus patrocinadores. (24 de junio 2014)
