Empresariales

La AIRD contraria se de autonomía a distritos municipales

La conversión en Ley de un proyecto que busca dotar de autonomía administrativa y normativa a 234 distritos municipales constituye una amenaza que los sectores productivos de la nación deben rechazar ya que equivaldría a organizar pequeños estados, capaces de duplicar las cargas que ya tienen las empresas y de obstaculizar la seguridad jurídica que se requiere para ser competitivos.

En esos términos habló Ligia Bonetti, presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) al referirse al proyecto aprobado en primera lectura por el Senado con el que se ascenderían los 234 distritos municipales a la misma categoría de los 156 municipios, totalizando 390 entidades autónomas.

“Un periodista ha dicho que se corre el riesgo de que se convierta en un festín clientelista. No se trata sólo de la dimensión clientelar de la política, sino de la viabilidad de que el aparato productivo nacional pueda sortear con éxito la enorme presión que significaría que los municipios y distritos municipales tengan poder para establecer arbitrios o normas locales, independientemente de que entren o no en contradicción con las nacionales”, expresó.

Los proponentes del proyecto afirman que la Constitución establece el derecho de los distritos municipales “a patrimonio propio, autonomía presupuestaria, potestad normativa, administrativa y de uso de suelo”.

“Imaginen, por ejemplo, que una empresa nacional o extranjera decide establecerse en una de estas pequeñas localidades (117 de las cuales apenas tienen 4,000 habitantes) y que logra de las autoridades ambientales nacionales los permisos correspondientes, pero que las autoridades municipales deciden que no, que su normativa se lo prohíbe, que esa industria no se instalará ahí o que para instalarse debe pagar dinero… es un absurdo peligroso”, afirmó Bonetti.

Llamó al Congreso Nacional a ser comedido y resistir presiones que buscan desmembrar la geografía nacional, pero también que tienden a una descentralización sin criterio o más bien con criterios que nada tienen que ver con el bien común.

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