La directora de la Unidad de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), doctora Magdalena Lizardo, afirmó que es posible y necesario generar sinergias entre los sectores público y privado para avanzar hacia el logro de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030).
Al realizar una exposición sobre este tema durante el seminario de la Cámara Americana de Comercio (AMCHARD) sobre Responsabilidad Social Empresarial, la funcionaria del MEPy Ddijo que es necesario reconocer que “la acción pública no es suficiente para generar cambios en materia de desarrollo”, por lo que es fundamental la acción del sector privado.
Durante el seminario, en el que participó el señor Hugo Beteta en representación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Lizardo sostuvo que la acción privada puede contribuir a “innovar en los procesos de provisión de bienes públicos o que generan externalidades positivas, aportando experticia en metodologías y estrategias del ámbito empresarial que pueden contribuir a generar valor en la esfera pública”.
Asimismo, la experta del MEPyD consideró que con la acción de responsabilidad social empresarial privada se pueden “dotar de continuidad las iniciativas conjuntas más allá de una gestión de gobierno”, lo que a su juicio permite “aportar recursos financieros para iniciativas piloto que luego pueden expandir su alcance una vez se muestran exitosas”.
Lizardo, según una nota de la Unidad de Comunicaciones del MEPyD, reconoció que desde hace tiempo el sector privado viene realizando acciones de beneficencia en favor de las comunidades, pero estimó necesario “innovar y crear juntos nuevos mecanismos y soluciones” para que se inserten en una estrategia general de desarrollo del país.
“Un involucramiento eficaz del sector empresarial en la provisión de bienes públicos le permite crear imagen positiva de la empresa a nivel local o nacional, como socio en el proceso de desarrollo”, expresó la licenciada Lizardo, quien agregó que ello permite contribuir a la solución de problemas que afectan su competitividad, como son en forma directa la escasez de mano de obra cualificada e indirectamente crear condiciones de salubridad en el entorno donde viven los trabajadores.
Consideró que un sector empresarial que comparte la visión de que el desarrollo debe ser inclusivo, puede contribuir a “generar soluciones de mercado para atender necesidades de grupos tradicionalmente excluidos del consumo de determinados bienes, mediante la creación de bienes y servicios que respondan a las características de su demanda”.
Lizardo hizo una amplia exposición del alcance de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, con sus cuatro ejes estratégicos, objetivos, metas y acciones para lograr un país con desarrollo sostenible y ambientalmente habitable.
Destacó como un aspecto importante del Eje Estratégico 2 la lucha contra la pobreza, por lo que la Estrategia Nacional de Desarrollo se propone “estimular y consolidar redes comunitarias, incluyendo las cooperativas y formas de economía solidaria, que contribuyan a la formación de valores, al fortalecimiento del capital social y al abordaje colectivo de los problemas comunitarios, incluyendo los ambientales y de vulnerabilidad ante desastres, a fin de mejorar los niveles de convivencia, participación, condiciones de vida y seguridad ciudadana”.
Explicó que es fundamental la promoción de la participación activa de los diferentes actores y sectores sociales “en los procesos de diseño, ejecución, evaluación y monitoreo de programas y proyectos orientados a la reducción de la pobreza, incluyendo aquellos que también impactan positivamente en la sostenibilidad del medio ambiente y la gestión de riesgos”.
Con relación al Eje estratégico 4de la Estrategia que postula que en 2030 República Dominicana será una “sociedad con producción y consumo ambientalmente sostenibles que se adapta al cambio climático”, Lizardo manifestó que las metas son claras en cuanto a que será necesario “reducir las emisiones de dióxido de carbono desde 3.6 toneladas métricas per cápita por año en 2010 a 2.8 en el 2030”.
Asimismo, la experta del MEPyD destaca que otra meta se propone lograr elevar el aprovechamiento del agua distribuida desde 28.0% en 2010 a 45.0% en 2030, a la vez que “mantener constante el porcentaje del territorio nacional considerado área protegida”.
Agregó que el país se ha propuesto reducir la tasa de deforestación promedio anual mediante acciones que incluyen “la educación ambiental y el involucramiento de la población en la valoración, protección y defensa del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo la educación sobre las causas y consecuencias del cambio climático”.
Lizardo dijo que se prevé establecer y fortalecer mecanismos de veeduría social del cumplimiento de la legislación ambiental nacional y de los acuerdos ambientales internacionales y a la aplicación de los criterios de justicia ambiental”.
Consideró fundamental que se fortalezca la coordinación intersectorial y colaboración público-privada en el fomento de prácticas de consumo y producción sostenibles, al igual que la colaboración de los centros de investigación-universidad-empresa para la generación de conocimientos y tecnologías de consumo, producción y aprovechamiento sostenibles y su difusión.
