El Movimiento Reconocidos, integrado por dominicanos de origen haitiano emitió un documento en el que hace el reclamo a la Junta Central Electoral (JCE) cuyo texto es el que sigue:
Reiteramos nuestra valoración del esfuerzo realizado por el Poder Ejecutivo al promover la aprobación de la Ley 169-14, en su intento de resolver desde una perspectiva humanitaria, el problema creado por la Junta Central Electoral al disponer de manera arbitraria la suspensión de la documentación de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, y posteriormente agudizado por el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia 168-13.
Reconocemos que la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional y sobre naturalización, crea un marco jurídico que en teoría nos coloca a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en un estado de menor vulnerabilidad. Sin embargo, en la práctica lo anterior debe traducirse en acciones y hechos que tengan como resultado un acceso real, de forma ágil y efectiva, a la documentación que dicha legislación garantiza, tanto para quienes ya se encontraban inscritos en el registro civil, como para los que por obstáculos administrativos nunca fueron inscritos.
Lamentamos que dicha salida se produzca de espaldas al derecho internacional, ya que como ha establecido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la cual la República Dominicana forma parte, aun se sigue violando el derecho a la nacionalidad de las personas nacidas en el país antes de la proclamación de la Constitución del 2010.
En relación a los hijos e hijas de extranjeros nacidos en el país, que ya se encontraban inscritos en el registro civil, el Poder Ejecutivo confirmó la semana pasada lo que llevamos advirtiendo : la Ley 169-14, que ordena a la Junta Central Electoral a acreditarnos como nacionales dominicanos es auto aplicativa y no necesita reglamentación adicional. A pesar de ello, han transcurrido más de 2 meses desde su promulgación el pasado 23 de mayo, y la misma no está siendo acatada.
Pero peor aún, la JCE ha continuado emprendiendo acciones judiciales de demandas en nulidad y transcribiendo administrativamente hacia el libro de extranjería a personas que ya estaban registradas en el registro civil dominicano. En algunos casos, enviando a dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que se sometan al Plan de Regularización de Extranjeros, todo esto, desafiando la autoridad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, expresados en la Ley 169-14.
Queremos destacar que, durante el presente mes de julio acompañamos alrededor de 150 casos de personas a quienes la Ley 169-14, ordena restituir su documentación, y que al acudir a las oficialías del estado civil y a los centros de cedulación a requerir sus documentos salen frustrados ante la negativa de los funcionarios de la JCE a entregar sus documentos bajo el argumento de que no han recibido autorización para ello.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado en las siguientes dos direcciones:
Primero: hacemos un llamado a la Junta Central Electoral, en la persona de su presidente Roberto Rosario, para exigirle que libere de manera inmediata las actas y las cédulas de identidad y electoral que ha mantenido secuestrada durante tanto tiempo, y que la Ley 169-14, ordena restituir de forma inmediata y libre de trámites administrativo a cargo de los beneficiarios.
Segundo: al Poder Ejecutivo, en la persona del Ministro de Interior y Policía, para que se establezcan de forma ágil, efectiva y eficiente los mecanismos que permitan ejecutar de manera exitosa, en apenas 90 días, el proceso de inscripción al libro de extranjería a las personas nacidas en el país que nunca han tenido acceso a un registro que acredite su identidad.
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