La medida afecta a unos 24 funcionarios venezolanos, incluidos los miembros del gabinete, funcionarios judiciales y comandantes policiales y militares.
De inmediato desde Caracas, el canciller Elías Jaua dijo que las autoridades venezolanas no han recibido hasta el momento ninguna notificación oficial de la medida del Departamento de Estado, pero que la esperarán.
Las nuevas restricciones del Departamento de Estado obedecen a alegadas violaciones de derechos humanos durante las protestas que sucedieron en la nación sudamericana a comienzos de año.
La vocera Marie Harf, vitada por AP, dijo en un comunicado que esta medida "subraya nuestro compromiso para que los individuos que violan derechos humanos sean responsables y rindan cuentas por sus actos".
Entre las violaciones mencionadas están las detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza a las protestas callejeras que dejaron 43 muertes en varias ciudades del país.
Harf dijo que no identificará públicamente a las personas afectadas con la medida, aduciendo normas legales relacionadas con el respeto a la privacidad.
