SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, 31 de julio 2014.- El Banco Nacional de la Vivienda depositó ante la Fiscalía del Distrito Nacional una demanda penal contra el médico Humberto Salazar, acusándolo de violación de la ley monetaria y financiera, la número 183-02.
La oficina de abogados actuante es Polanco, Almonte & García, que encabeza el reputado abogado licenciado Jorge Luis Polanco.
La querella se depositó en nombre del Banco Nacional de la Vivienda y la Producción, representado por José Angel Neftalí Rodríguez Hernández y firmada por los abogados Jorge Luis Polanco, Elsa Trinidad Gutiérrez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
La demanda indica que Enrique Humberto Salazar Caraballo comprometió su responsabilidad penal al tenor de las disposiciones previstas en el artículo 80 de la ley 183-02, sobre instituciones financieras.
En ese tenor se solicita a la Fiscalía del DN requerir al programa de televisión De Entero Crédito, del canal 27, el video que contiene de forma íntegra las declaraciones violatorias de la ley, ofrecidas al entrevistador Héctor Herrera, el 2 de julio del 2014.
También solicita que la Fiscalía requiera el programa El Sol de la Mañana del 11 de julio del 2014, en el que Humberto Salazar viola la ley al ofrecer informaciones falsas sobre la situación de supuesta quiebra del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción.
Además solicita, como procedimiento establecido, que la Fiscalía requiera del juez de la Instrucción la apertura de juicio correspondiente, mediante acta de acusación levantada al efecto.
La demanda se presentó a la Fiscalía a través de su Departamento de Sistema de Atención a y contiene en todas sus partes los elementos necesarios para que el caso sea instruido por un juez apoderado por la Fiscalía.
Explica que se trata de una jurisdicción penal, conforme lo establece el artículo 57 del Código Procesal Penal, así como el artículo 80 de la ley 183-02, a través del cual se otorga a la jurisdicción penal la persecución llevada contra los delitos que se imputan a Humberto Salazar.
La pena máxima que se contempla para la infracción que se acusa a Humberto Salazar es de un máximo de 10 años, y no puede ser inferior a los tres años. Explica el documento, que explica que Humberto Salazar es responsable de una campaña maliciosa contra el BNV, que le ha afectado su credibilidad como institución financiera, porque “la confianza en su liquidez y solvencia es su garantía de estabilidad”.
“Sin embargo, la credibilidad y confianza en la estabilidad financiera del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción ha sido maliciosamente afectada. El BNV se ha convertido en víctima de una campaña de descrédito orquestada y materializada por el señor Humberto Salazar, quien falsamente atribuye al BNV una supuesta insolvencia y falta de liquidez”, dice el documento depositado ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
El BNV acusa a Salazar de haber dicho que los sueldos del BNV los paga el Banco de Reservas, porque la entidad bajo la dirección de Federico Antún Batlle, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, tiene pérdidas operativas. Luego en un programa de radio repitió algo parecido y dijo claramente que que el BNV está quebrado y cerrado. Los conductores del programa le dijeron que el Banco estaba en un proceso de transformación y Salazar insistió en que era quebrado que estaba el BNV.
El documento depositado en la fiscalía niega la versión de Salazar, dice que se trata de una falsedad y de imputaciones contrarias a la realidad y a lo que establece la ley sobre el manejo y divulgación de informaciones financieras. Dijo que en el 2012 el BNV obtuvo ganancias por 16.1 millones de pesos, y en el 2013 por 55.6 millones de pesos. Rechazó que el Banco de Reservas sea quien pague la nómina del BNV, sino que se paga desde la cuenta corriente del BNV, número 160-600002-8, que se encuentra en el Banco de Reservas.
Explica que se trata de situaciones que pueden ser comprobadas y que lo dicho por Humberto Salazar es una falsedad de la realidad con intenciones de dañar la reputación del BNV y de su gerencia.
Explica que la ley es muy clara respecto a estas violaciones, pues el artículo 80 de la ley 183-02, dice que las personas que divulguen informaciones falsas contra instituciones financieras serán condenadas al pago de multas desde quinientos mil a dos millones de pesos y penas de 3 a 10 años de prisión. También condena a cualquier persona física o jurídica que divulgue por cualquier medio falsos rumores u organicen campañas difamatorias relativas a la liquidez o solvencia de una o varias entidades de intermediación financiera.
Entiende el querellante que Humberto Salazar es responsable de una campaña falsa, gravosa y premeditada relativa a la iliquidez e insolvencia del BNV como entidad de intermediación financiera.
“Sin lugar a dudas, la conducta cometida por el señor Humberto Salazar, se trata de una conducta antijurídica grave que merece la imposición de una sanción legal. En ella están presentes todos los presupuestos y exigencias legales para que una conducta sea conforme a las reglas penales”, dice el documento.
La pieza presentada incluye la parte probatoria, con los documentos que acreditan la liquidez y solvencia del BNV, sus estados financieros, las auditorías, también incluye la transcripción de las declaraciones de Salazar en dos programas de radio y televisión, así como el pago de la nómina del BNV a través de una cuenta corriente en el Banco de Reservas.
La querella incluye el testimonio del auditor independiente del BNV, el testimonio de Luis Gustavo Castillo, empleado del BNV sobre el tema de la nómina, y los testimonios de los entrevistadores de Humberto Salazar, Julio Martínez Pozo y Héctor Herrera Cabral.
Se incluyen también los testimonios del Subgerente general administrativo y financiero del BNV, Roberto Rafael Payano Bonilla, sobre la liquidez del BNV, y del presidente de la Asociación de Bancos de la República Dominicana, José Manuel López Valdez.
