La Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor, anuncia al país que realizaran acciones conjuntas en contra de la discriminación racial, condición social o personal, religión, edad, discapacidad, género, lengua, nacionalidad, vínculos familiares o cualquier otro motivo, que tenga por objeto impedir el acceso de consumidores a cualquier establecimiento público destinado a actividades lúdicas.
El trabajo conjunto de las dos instituciones se llevará a cabo atendiendo a numerosas denuncias recibidas por ambas instituciones, donde se discrimina y se impide el acceso de personas por su condición racial en el Distrito Nacional y otros lugares del país, transgrediendo sus derechos constitucionales a la igualdad y a no ser discriminados.
Las acciones se realizarán debido a los constantes episodios de discriminación, algunos de los cuales han trascendido a la opinión pública nacional en los últimos tiempos.
La magistrada Danissa Cruz, Directora del Departamento de Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República y la licenciada Altagracia Paulino, Directora Ejecutiva de Pro consumidor, solicitan a la ciudadanía a que hagan sus denuncias ante Pro Consumidor o por ante el Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, con la finalidad de realizar acciones conjuntas, para la sanción inmediata y efectiva de estas infracciones.
Las actuaciones están fundamentadas en los artículos 39 y 53 de la Constitución de la República que consagran los Derechos a la Igualdad y a la Protección al Consumidor; el artículo 33 literales d y h de la Ley No. 358-05 General sobre Protección al Consumidor y Usuario que consagra los Derechos del Consumidor.
También la Resolución de fecha 15 de mayo de 2013, emitida por la Procuraduría General de la República, para la Eliminación de la Discriminación en el Acceso a Bares, Restaurantes y otros lugares de Esparcimiento, donde se instruye a todos los Procuradores Fiscales del país a velar por el respeto de este derecho fundamental a la no discriminación.
De igual manera, el artículo 336 del Código Penal Dominicano, sanciona toda clase de discriminación con prisión y multa; asimismo, La ley no. 358-05 General de Protección a los Derechos del Consumidor y Usuario, sanciona en su artículo 112 con hasta 500 salarios mínimos las infracciones cometidas contra la mencionada ley y los derechos del consumidor.
Ambas funcionarias abogan también porque en el Congreso se le dé curso a una propuesta de ley en contra de la discriminación que fue presentada por el diputado, Eugenio Cedeño, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados.
La magistrada Cruz agradeció a Pro Consumidor por el apoyo que esta entidad da a la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría, para luchar contra la vulneración de los Derechos Humanos de los dominicanos y así erradicar ciertas prácticas discriminatorias que se dan en los lugares de esparcimiento público.
Informó que la discriminación está penada por la ley en el artículo 56 del Código Penal, y quién la infrinja será sancionado.
Mientras Paulino exhortó a la población a que denuncien estas prácticas discriminatorias aportando elementos de prueba, de igual modo, que esos lugares de esparcimiento no incurran en estas acciones y que los ciudadanos sepan que Pro Consumidor junto a la Procuraduría están aliados para aplicar el peso de la ley cuando sientan discriminación.
“Es una vergüenza que en un país de inclusión y de negros y mulatos se discriminen por color, todos somos seres humanos y se violan los derechos humanos cuando se discrimina por cualquier motivo”, agregó la directora de Pro Consumidor.
En la imagen la magistrada Danissa Cruz, Directora del Departamento de Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República y la licenciada Altagracia Paulino, Directora Ejecutiva de Pro consumidor mientras ofrecen las declaraciones.
