A Dinás Llaverías y a Domínguez Brito

Danilo Cruz Pichardo, periodista y profesor universitario.




Desde el año 2008 he recibido millares de spam o correos no deseados. Jurídicamente estos mensajes no se condenan, pero muchos de los que al suscrito envían se refieren a conversaciones sostenidas por la vía telefónica, lo que revela que me escuchan, en violación al numeral 3 del Art. 44 de la Constitución de la República y a la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología.

Mis correos electrónicos han sido hackeado decenas de veces, me he encontrado discusiones con personas que alegan que desde mi celular se les ha estado vipeando durante todo el día (sin ser cierto) y al número residencial han hecho llamadas desde el insólito y nunca visto número 88888888.

Mi tarjeta de débito de Banreservas fue clonada y el 10 de mayo del presente año, a las doce de la madrugada, se hicieron dos retiros en un cajero del BHD, del sector de Herrera, mientras un servidor dormía en en la tranquilidad de su hogar.

Del 2008 al 2014 me han hecho miles de llamadas molestosas, en su mayoría desde números desconocidos; de igual forma –pese a que soy un señor de cierta edad— varias damas se me han declarado enamoradas por la vía telefónica (dos de las cuales llegué a conocer personalmente en procura de dar con el autor intelectual de la encomienda), lo que interpreto como la búsqueda de un asesinato sofisticado.

Pero aún más: en varias oportunidades las tuercas de las gomas delanteras de mi vehículo han sido aflojadas, como ocurrió en diciembre de 2012, creyendo que el ruido obedecía a punta de eje, hasta que acudí al mecánico el día 15 de ese mes y me dijo (después de subir la parte delantera del vehículo con un gato hidráulico): “¡Mire, usted lo que tiene aquí es un atentado criminal!”. Las tuercas las sacó con las manos sin usar herramientas.

De los que hacen llamadas molestosas contacté a un tal Junior, quien atribuye autoría intelectual a Yomaira Gómez Pérez, cédula 223-0008449-2. No la acusa un servidor, se trata de uno los que ha realizado llamadas molestosas durante años. Y que dice, además, hacer trabajo para ella. ¿Qué tipo de trabajos? ¿Por qué las autoridades no investigan a ese joven? El fiscal adjunto Juan Miguel Vásquez, de la Provincia Santo Domingo, mostró parcialización hacia la dama, en la supuesta fase “conciliatoria”, dama con la que se miraba con frecuencia, me interrumpía por cada palabra expresada, me impidió leer un documento que llevé y las pruebas (mis pruebas) no las leyó, se las pasó al padre de la acusada.

Ese supuesto encuentro “conciliatorio” fue el pasado miércoles 6 de agosto. Nunca antes, pese a que por mi conducta pública me he ganado el respeto de la mayoría, había sido objeto de una humillación similar, de un joven que ostenta la posición de fiscal adjunto sin necesariamente contar con los atributos del cargo.

Alegué que el caso estaba contaminado y el supuesto magistrado se inhibio, pues nada parecía más a una obra previamente planificada. Reitero: Juan Miguel Vásquez fue grosero e irrespetuoso con el suscrito.

El caso es grave en vista de que se dice que la dama acusada tiene vínculos con personas del crimen organizado. De ser así, se trata de enemigos que no conozco y que posiblemente tejen en la sombra acontecimientos criminales.

Soy profesor de Comunicación Social de la UASD y articulista de El Nacional desde hace 27 años. Además, soy hermano del diputado Néstor Cruz Pichardo y del senador por Hato Mayor, Rubén Darío Cruz, pero no trafico con influencia, simplemente aprovecho la ocasión para solicitar una entrevista con la procuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo, con el procurador general de la República y el jefe de la Policía Nacional y así exponerles los pormenores de los casos que denuncio, se investiguen y se tomen las medidas correspondientes.

No se trata de un delirio de persecución. Nunca lo he padecido. Suelo enfrentar los problemas, pero el caso tiene la agravante de que se trata de una dama, circunstancia que impide ofrecer el tratamiento que demanda esta larga agresión. Pero, ¡pero¡ ¿Es posible, pues, que por tratarse de una mujer se le permita hacer y deshacer, agredir hombres y violentar las leyes?

Se impone, pues, que las autoridades del ministerio público asignen un fiscal honesto, equilibrado y que respete el derecho de los ciudadanos indistintamente de sexo, ideología, raza, nivel social y creencia religiosa.