La reciente presentación de una querella contra el alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, bajo los cargos de “prevaricación, coalición de funcionarios, lavado de activos y asociación de malhechores, por un monto de RD$4,000 millones de pesos”, es una prueba para confirmar la real voluntad de la Justicia Dominicana de actuar con un mínimo de pudor frente a la corrupción atribuida a los grandes depredadores del patrimonio público.
La acción legal interpuesta por la Fundación Primero Justicia, que preside el abogado y comunicador Surun Hernández, plantea particularmente un reto al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, de cumplir la advertencia que hizo en el marco del "Tercer Congreso Dominicano de Autoridades Locales: comunicación y transparencia para el buen gobierno local", y de medir con la misma vara a los chiquitos y a los grandes.
En la ocasión y en presencia de las principales autoridades locales del país, el doctor Domínguez Brito advirtió a los alcaldes y directores de distritos municipales que si no cumplen la Ley “irán a prisión, serán destituidos y podrían perder sus bienes; basta que sean atrapados cometiendo una pifia".
En honor a la verdad hay que reconocer que el máximo representante del Ministerio Público no estaba “aguajeando” cuando hizo la advertencia a los presuntos alcaldes corruptos. De hecho, después de su llamado de atención por los menos cinco alcaldes han sido suspendidos de sus cargos o han tenido que responder a imputaciones por supuesta corrupción administrativa, como son los conocidos casos de La Romana, San Francisco de Macorís, Cabarete, Las Terrenas y Santa Lucía, de El Seibo.
Sin embargo, ninguno de estos casos es equiparable en magnitud al desfalco presuntamente detectado en el Distrito Nacional. El sometimiento de Roberto Salcedo se fundamenta en tres auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, que según los querellantes revelan irregularidades por unos 4 mil millones de pesos.
Surún Hernández y la también abogada Tatiana María Hernández, corresponsable de la querella, alegan que durante el período 2006-2011, en la administración municipal de Salcedo se habría puesto en práctica un entramado "mañoso" en el manejo de los desechos sólidos por un monto superior a los 270 millones de pesos, además de incurrir en el supuesto desvío de fondos, sustracción fraudulenta en compras fantasmas y pagos de nóminas en exceso.
Este supuesto manejo fraudulento podría ser la explicación del por qué en los últimos diez años el costo de gestión de la basura en el Distrito Nacional se ha elevado de manera irracional, pasando de 26 millones de pesos mensuales en el 2003 a más de 100 millones en el 2013, así como el exagerado aumento per cápita de la cantidad de desechos producidos en el reducido territorio de la capital, donde el promedio per cápita casi triplica el registro de la provincia Santo Domingo.
De acuerdo a datos divulgados por el regidor y abogado Waldys Taveras, en el Distrito Nacional se recogen 2.2 kilogramos de basura por día por habitante, mientras en la provincia de Santo Domingo se retira 0.70 kilogramo y en una metrópolis como Bogotá, el promedio es de 1.43 kilogramo.
De manera que las autoridades responsables de evaluar este expediente probablemente tienen un interesante caso para demostrar que el brazo de la Justicia también puede alcanzar a los grandes “jorocones” aunque pretendan resguardarse en un bien articulado escudo de protección o complicidad mediática. (19 de agosto 2014)
