Unas 80 empresas de República Dominicana afialiadas al Conmsejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), respaldaron la posición del presidente Danilo Medina en torno a Loma Miranda.
El gobernante observó una ley y la devolvió el Congreso Nacional que declaraba el lugar como parque nacional, medida que mantiene en tensión a la sociedad dominicana.
El CONEP emitió un comunicado en el que manifiesta su respaldo a la decisión tomada por el Presidente de la República,de observar y devolver al Congreso la Ley que declara como Parque Nacional la zona de Loma de Miranda.
En sus declaració, los empresarios entienden que “Con esta decisión el Presidente toma en cuenta preocupaciones externadas por los diversos sectores de la sociedad dominicana, incluyendo organizaciones sindicales y empresariales y de la sociedad civil, así como de las entidades especializadas, autoridades y líderes de opinión, en torno a la los fundamentos técnicos y jurídicos de lo que fue una apresurada decisión”.
El COMUNICADO, leído por el Presidente del CONEP Manuel Diez Cabral afirma que “Esta responsable actuación del Poder Ejecutivo permitirá una discusión sosegada, profunda y rigurosa, en torno a los efectos económicos, jurídicos y sociales que implicaría la referida pieza legislativa para el presente y futuro de nuestra nación, así como para definir una verdadera política minera en el país.
Además dicen estar “convencidos de que el Congreso Nacional aprovechará esta oportunidad de tanta trascendencia, para promover un diálogo constructivo y democrático, mediante la consulta a organismos públicos como el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), así como a las sociedades de técnicos especializados en la materia y los organismos internacionales que correspondan”.
Reiteran que su creencia en el “ejercicio de una minería ambientalmente responsable y en que los avances tecnológicos permiten a la industria minera ser cada vez más amigable con el medio ambiente y los recursos naturales, y de que los Estados deben hacer valer su papel de reguladores y guardianes del cumplimiento de las leyes y disposiciones ambientales”.
Puntualizaron además que apuestan a “que a partir de este momento el debate público sobre este tema se sustente en bases racionales y se eviten las especulaciones y acusaciones que de manera deliberada buscan generar indignación en los ciudadanos de buena voluntad, usando para ello distorsiones y desinformación”.
En esta rueda de prensa estuvieron presentes los miembros del Comité Ejecutivo y directivos de las asociaciones que firman este documento.
