La ley que declara parque nacional a Loma Miranda y que el presidente Danilo Medina observó “no da espacio” a resarcir a la minera Falconbrige por derecho a propiedad allí de terrenos para explotación, dijo el presidente de la comisión de justicia de la Cámara de Diputados.
Demóstenes Martínez interpretó asimismo las motivaciones de la observación del mandatario su garantía al país de que él no aprobará ninguna explotación minera hasta que adquiera carácter constitucional la ley sobre uso de suelo en proceso de elaboración.
“Lo importante de la observación presidencial es que empresas como Falconbridge tienen que tener un compromiso social, no venir a explotar y a llevarse la riqueza nacional y dejar sólo migajas de riquezas que pertenecen a todo el pueblo”, comentó Martínez.
Entrevistado por Manuel Jiménez y Felipe Ciprián en Propuesta de la Noche por Digital 15, el congresista recordó que el procedimiento parlamentario tanto para acoger como para rechazar la observación del Ejecutivo a una ley es complejo.
“Negarla (la observación) requiere el voto de una mayoría simple absoluta y rechazarla el de las dos terceras partes de los legisladores. De ahí que una decisión contraria a la observación presidencial es bastante compleja y difícil de imponer”, explicó.
No obstante recordó que la Constitución de la República establece dos legislaturas para conocer de las observaciones, por lo que el Legislativo tiene como término en este caso el 25 de julio del año próximo, cuando podrá verlas de una manera más sosegada y pactada.
Martínez, representante por Santiago por el gubernamental Partido de la Liberación Dominicana (PLD), negó que la ley aprobada viole el artículo 237 de la Constitución, que obliga a identificar las fuentes económicas cuando se trata de resarcir a dueños de terrenos afectados, en este caso en Loma Miranda, uno de ellos la minera Falconbridge.
“Lo que la Cámara de Diputados y el Senado convirtieron en ley no da espacio a resarcir a propietarios sino a un uso de suelo en Loma Miranda, por lo que los propietarios de terrenos siguen siendo dueños pero en el caso de Falconbridge no pueden explotarlos”, aseguró.
Agregó que allí Falconbridge no ha explotado una sola onza de terreno, por lo que los recursos que yacen bajo Loma Miranda no le pertenecen sino al Estado, el que no puede resarcir a alguien por algo que no le pertenece, ya que el subsuelo es propiedad del Estado, no de particulares.
Martínez sentenció que el interés nacional, entre ellos la protección ambiental, debe primar sobre el interés particular, por cuanto objeto el atribuir al Estado carencia de moral ambiental por las contaminaciones que generarán las plantas a carbón que se propone instalar.
“En fin, la observación del Presidente a la ley va dirigida a pedir al Congreso que antes de que conozca su observación, permita el reordenamiento territorial, el cual deberá establecer mediante ley el uso de suelo, que incluye en cuáles casos podrá autorizarse una explotación minera”, dijo.
En otro orden refutó que la ley que declara parque nacional a Loma Miranda puede afectar el clima de negocios y la seguridad jurídica del país, uno de los argumentos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
El presidente de la comisión de justicia de la Cámara dijo que el Consejo crea siempre condiciones para justiciar estos argumentos al dejar que temas como el de Loma Miranda avancen, pese a que permaneció ocho meses en el Congreso.
Dijo que sin embargo cuando el consejo empresarial tiene interés en alguna iniciativa se acerca al Congreso incluso en no pocos casos en los que su presencia en el Poder Legislativo no ha resultado de alguna invitación.
“Creo que el Congreso hizo su trabajo. Quienes favorecen que Loma Miranda sea declarada parque nacional no tienen porqué estar equivocados, como tampoco se le debe negar el derecho a quienes reclaman su explotación, pues son puntos de vistas diferentes puestos sobre la mesa. Unos prefieren preservar ese recurso natural y otros su explotación para distribución de riqueza”, comentó Martínez.
