Desde el santiamén en que los diputados declararon de urgencia y acogieron en dos lecturas consecutivas la iniciativa de uno de sus colegas que declaraba a Loma Miranda como parque nacional, sabía que el tren dislocado del populismo hallaría freno antes de desmadrarse por un abismo con la seguridad jurídica abordo.
Había perdido la esperanza de que instancias políticas le pusieran cura a la situación antes de que el tema saliera de sus dominios, y estaba prácticamente convencido de que sería el Tribunal Constitucional el que de nuevo tendría que cargar con la responsabilidad de corregir un entuerto muy gravoso para la nación.
Ninguno de los lideres con representación o presencia directa en el Congreso Nacional, puede eludir culpa en la peligrosidad que se dejó tomar a una situación que debió atenderse más a tiempo, y sorprende además que todas las fuerzas productivas del país se mantuviesen como si se tratara de un debate que le era ajeno, hasta que el cuchillo en la garganta les hizo percatar que la catástrofe sería colectiva.
Apuros debe dar admitir que solo un líder de los que figuran entre los cinco políticos más importantes del país ofreció una postura responsable sobre ese tema, aunque el efecto de su planteamiento lo llevó a recogerlo unos días después para no cosechar impopularidad, todos pensaban como él, pero evadían opinar o lo hacían en favor de la corriente para que no les afectara.
Una cosa es que el Estado a través del ministerio de Medio Ambiente, niegue el permiso de explotación a una empresa que tiene una concesión si el propio estudio de impacto ambiental presentado por ella no resulta satisfactorio, condicionante que está claramente establecida en el contrato, que sin tal autorización no puede haber explotación, y otra muy distinta es que el Estado aparezca variando las reglas del juego existente al momento de pactar la concesión.
Tiene que ser un Estado de locos el que otorga una concesión en un área porque la ha considerado de un alto potencial minero, para que después que una empresa ha desarrollado sus planes de inversión y los compromisos financieros de largo plazo que conllevan, le salte conque el área que le había concesionado es un parque nacional, en la instancias de arbitraje nadie nos despintaría una costosísima condena.
Lo dice la misiva del presidente Danilo Medina a la presidenta del Senado: “La ley que observamos desconoce un compromiso internacional en materia de promoción y protección de inversiones suscrito por República Dominicana con la Confederación Suiza, en fecha 27 de enero 2004, acuerdo internacional éste que ampara la inversión minera realizada por la empresa Falconbridge Dominicana, S, A precisamente en una parte del Parque Loma Miranda”.
Es fácil decir que el Estado no estaba en la obligación de indemnizar a Falcondo por la concesión, sino que solo debía pagar el valor de los terrenos, argumento infantil porque toda empresa que invierte en exploración lo hace con la finalidad expresa de recuperar su inversión y alcanzar beneficios con la explotación, y si el que le ha autorizado a tales fines cambia de planes eso solo puede subsanarlo con la indemnización correspondiente.
Los que van a realizar huelgas y desordenes porque el presidente Medina reaccionó a tiempo, evitando dañar el clima inversiones en RD, seguirán de todas formas colocándoles obstáculos a las ruedas del desarrollo, porque se han quedado anclados en teorías enmohecidas de un progresismo muy atrasado.
