Por Manuel Jiménez
Quienes han observado el comportamiento de nuestros legisladores después de las observaciones del Presidente Medina a la ley que declaró Loma Miranda Parque Nacional, tendrán que concluir que estamos frente a un acto de gran irresponsabilidad que debe llevarnos a una profunda reflexión.
De manera alegre nuestro Congreso Nacional votó casi a unanimidad para declarar área protegida un promontorio ubicado próximo a la autopista Duarte cediendo a presiones de grupos interesados, que en principio enarbolaron como una verdad que en esa loma nacían cuarenta ríos. ¿Cuarenta ríos?, uno se preguntaba sorprendido. Nunca, sin embargo, pudieron ofrecerles a la opinión pública al menos los nombres de 5 de esos supuestos ríos.
Posteriormente descendieron el número a 13 y más tarde hablaron de manantiales. Quienes residen en esa zona montañosa próxima al Valle de La Vega Real se sorprenden cuando se les comenta estas expresiones salidas de grupos de "escologistas" o "defensores del ambiente", que en realidad no son otra cosa que generadores de confusión y marionetas de intereses creados, incluso de naturaleza política, que es lo más vergonzoso.
Digo que la actitud de nuestros legisladores debe llevarnos a una profunda reflexión sobre la naturaleza y composición de ese Congreso, porque después de aprobar de manera unánime un proyecto de ley, cinco días después aceptan con escasos y débiles argumentos todas las observaciones del Poder Ejecutivo.
Veamos. El presidente Danilo Medina, en pocas palabras, les dijo a esos congresistas: ustedes han aprobado una ley sin tomar en cuenta que viola preceptos de la Constitución de la República, sin tomar en cuenta acuerdos internacionales de los cuales es signataria República Dominicana; ustedes han aprobado una ley sin observar que en materia de expropiación el Congreso Nacional no cuenta, que en esta materia intervienen sólo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Pero más aún. Les llamó la atención porque antes de embarcarse en la aprobación de esa aventura debieron pensar en una Ley de Ordenamiento Territorial, en discusión desde hace más de diez años, para que el país pudiera contar con un instrumento legal que segmente las zonas vedadas a todo tipo de exploración o explotación minera y de esta manera, agrego yo, no estar sometidos a las presiones de grupos que utilizan el medio ambiente para su promoción político-partidista. A todas estas correctas observaciones del Presidente Medina, esos legisladores, los mismos que hace cinco días habían dado su visto bueno a ese proyecto-repito, de manera festiva y desafiante- levantaron sus manos para decir: "Sí, Señor Presidente, usted tiene razón, nos equivocamos".
El otro punto: juristas de renombre y bien ganado prestigio, como es el caso de Luciano Pichardo, ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, y más reciente el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, advertían que con sus observaciones el Presidente Medina salvó al país de una condena segura en un tribunal internacional, en caso de que esa ley hubiese sido promulgada y la empresa Falcondo se hubiera decidido a formalizar una reclamación por compensación al Estado Dominicano. Se ha estado hablando de una suma astronómica: 4 mil millones de dólares, que ya el gobierno anticipó que no dispone en sus arcas. Es decir, que nuestro Congreso tampoco se detuvo a observar esta consecuencia.
Frente al cuestionamiento de que no tomó en cuenta esta parte a la hora de elaborar y aprobar dicha ley, surgió desde una de las bancadas del Congreso otro disparate. Se habló de que eso sí se contempló, y de qué manera. Los cuartos se obtendrían de las multas que impone el Ministerio de Medio Ambiente a las violaciones a la ley minera, pero resulta que ese organismo ha aclarado que la aplicación de esa disposición apenas recauda 6 millones de pesos anuales. ¿Investigaron nuestros congresistas? Obviamente que no.
La segunda fuente de ingreso contemplada en la ley de marras es el pasivo ambiental, iniciativa que obligaría al Estado a sentarse de nuevo frente a las operadores de las empresas mineras legalmente establecidas en el país, para convencerlas de que era necesaria una reforma a la ley vigente, cambio que tampoco aseguraría los recursos que habría que compensar. Es decir, que todo lo que se aprobó fue de oídas.
La gente sensata se pregunta si estamos bien, si andamos por el camino correcto, porque eso de un Congreso cediendo a presiones y finalmente actuando en función del populismo, aprobando algo de hoy para mañana y desbarantandolo de la misma forma no pinta nada bueno para este país.
