Denuncian Bienes Nacionales vendió a funcionario 2 mil 200 tareas ocupan 40 familias

En un comunicado de la Federación Nacional de Campesinos Mauricio Báez, la Asociación de Agricultores y Productores de Chivos La Altagracia de la comunidad de Hato del Medio Abajo del municipio de Guayubin, provincia Montecristi se hace la denuncia.

Las entidades campesinas aseguran que la venta fue hecha al Procurador Fiscal de Medio Ambiente de la provincia de Montecristi, licenciado Antonio Urbáez.

Manifestaron las entidades campesinas que la Parcela № 149 del DC-19 del municipio de Guayubin es propiedad del Estado Dominicano pero se encuentra ocupada por 40 familias campesinas por más de 50 años, cuyos predios están dedicados a la agricultura y a la crianza de chivos, ovejos, vacas, entre otros animales.

Señalaron, que a pesar de los ocupantes de los mencionados predios haber solicitado la compra de los mismos a la Dirección General de Bienes Nacionales, estos les fueron vendidos al Lic. Urbáez de manera irregular, ya que el mencionado procurador Fiscal es nativo de la provincia de Dajabón y nunca ha tenido la posesión de esos terrenos.

Crusito Sosa, presidente de la Federación Nacional de Campesinos Mauricio Báez, afirmó que aunque el actual Director de Bienes Nacionales, licenciado Emerson Soriano, no fue quien autorizó la venta de la parcela 149 de Guayubin, en perjuicio de las 40 familias campesinas que permanecen en estos predios por más de 50 años, está protegiendo al Procurador Fiscal de Medio Ambiente en Montecristi y al señor Pedro Juan Reyes, reconocido millonario y terrateniente del municipio de Navarrete.

Señalaron las organizaciones campesinas que el licenciado Emerson Soriano, le ha permitido a los compradores cometer los más crueles abusos de poder en contra de labriegos y permitiendo la penetración de un tractor-buldozer, cuyo operador se hace acompañar de un indeterminado número de hombres armados, los cuales amedrentan a las familias campesinas, le derriban sus alambres, le destruyen las lagunas y los amenazan de muerte.

Sosa señaló que el contrato de venta realizado entre la Dirección General de Bienes Nacionales y el Procurador Fiscal de la Provincia de Montecristi se realizó de manera ilegal y fraudulenta ya que el mismo no está autorizado por el poder Ejecutivo y el Senado de la República.

Pedimos, la intervención del Señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez para que intervenga en protección de las 40 familias campesinas que ocupan la parcela 149 del DC-19 de Guayubín, ordenando la anulación del mencionado contrato de venta y que ordene el traspaso de los mencionados predios a la Dirección General del Instituto Agrario Dominicano, para que el mismo realice un asentamiento campesino a través de la Ley 5879 del 27 de abril de 1962.