Anque no sirva para revertir la profunda crisis política que afecta al Partido Revolucionario Dominicano, el esfuerzo que hace el doctor Guido Gómez Mazara para establecer responsabilidades sobre los hechos fraudulentos que matizaron el pasado proceso convencional del PRD, tiene un importante valor referencial desde el punto de vista del marco institucional que rige el proceso político dominicano.
Al parecer, el pesado expediente sometido por Gómez Mazara al tribunal Superior Electoral para impugnar la llamada convención del pasado 20 de julio, ha generado una atención de ese órgano que anticipa la posible anulación total del proceso eleccionario.
El tribunal le otorgó un plazo hasta el martes 16 de septiembre al sector de Vargas Maldonado para entregar a ese organismo el listado de concurrentes o votantes que supuestamente sufragaron en la Convención; las actas de votaciones que se generaron en los supuestos 341 centros donde se habría sufragado; y el computo de los resultados finales de las votaciones por cada Distrito Municipal, por cada Municipio y por cada Provincia.
Entre los datos que deben depositarse ante el TSE están las 241 mil firmas de los perredeístas que habrían votado en la Convención, según la Comisión Nacional Organizadora.
Aunque tales documentos habían sido solicitados reiteradamente mediante acto de alguacil por Gómez Mazara sin ninguna respuesta de parte de la Comisión Nacional Organizadora, parece lógico inferir que la dirección del PRD no podrá burlar esta vez el mandato del TSE.
Es razonable suponer que el PRD de Miguel Vargas no podrá entregar los documentos solicitados primero por Gómez Mazara y luego por el TSE, porque esos requisitos indispensables en un proceso de elección democrática aparentemente nunca se dieron en el mamotreto de convención celebrado el 20 de julio, y dice un conocido dicho jurídico que a lo imposible nadie está obligado.
Esa imposibilidad pondría al descubierto la magnitud real del fraude montado por la Comisión Organizadora de la convención y ante esa evidencia lo menos que podría hacer el Tribunal Superior Electoral es anular el proceso de cabo a rabo.
De otro modo, los sectores democráticos del país no tendrían más alternativa que emprender una vigorosa cruzada cívica para reclamar la recomposición de este órgano para que las próximas elecciones nacionales, estén revestidas de las garantías esenciales para los distintos actores políticos. O de lo contrario no tendría sentido que los ciudadanos se molesten en participar en esos comicios, con todas las consecuencias institucionales, sociales y políticas que pudieran derivarse.
