Experto de UIT advirtió sobre las consecuencias del problema, el cual pone a los alcaldes de la región “a la defensiva por el reclamo de la población y presión de las ONG y la oposición”
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), impulsa “acciones concretas para desarrollar sistemas de monitoreo continuo” en toda la Región América, que incluye a Centroamérica y la República Dominicana, con miras medir los campos electromagnéticos generados por la proliferación de antenas y otros equipos de telecomunicaciones en los países de esta zona del mundo.
La información la ofreció Héctor Mario Carril, presidente del Grupo Regional para las Américas de la Comisión de Estudio UIT-T5, en la exposición “Solución a una problemática Latinoamericana” del Foro sobre “CEM-¿Qué significa realmente?”, que se celebró en esta capital, organizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), UIT y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y que contó con la participación de alcaldes y regidores, empresas de servicios de telecomunicaciones y universidades del país.
Carril, de nacionalidad argentina, se refirió a los riesgos potenciales de la exposición a los campos electromagnéticos (CEM) que dijo, “presentan un difícil conjunto de retos, tanto para los generadores de los CEM como para los administradores públicos que tienen injerencia directa o indirecta en las autorizaciones de tales instalaciones”.
“Los retos incluyen determinar si hay peligro por la exposición a los CEM y cuál es el impacto potencial en la salud”, expresó el experto de la UIT para las Américas. Agregó que primero hay que identificar la determinación del riesgo e implementar políticas que protejan la salud pública y responsan a las preocupaciones del público, “es decir, la gestión del riesgo”.
Sugirió un manejo adecuado de la comunicación del riesgo de los CEM y consideró que “el gran error es pensar” que en la etapa de decrecimiento del riesgo, el problema terminó, cuando usualmente “reaparece y con mayor intensidad que la primera vez”.
Carril propuso un manejo de la imperceptibilidad de los CEM que supere la desconfianza y el miedo mediante la aplicación en los países de la región, de la resolución 72 que emitiera la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones en octubre del 2008 en Johannesburgo, y su ratificación en Dubai, en el 2012.
Destacó que esas medidas de la UTI plantean las mediciones de bajo costo de los campos electromagnéticos, comunicación objetiva a la población y la cooperación entre las instituciones locales, las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, los gobiernos y los países.
Dijo que también se traza en cada país “un Sistema de Monitoreo Continuo y Comunicación” en base a la resolución K-83 (K-Monitor) de la UIT y el “despliegue ordenado y eficiente de las infraestructuras de telefonía móvil”.
El experto de la UIT resaltó la aplicación de mediciones puntuales de los campos electromagnéticos que dijo son muy útiles para lograr certificaciones, pero que no son suficientes porque las mediciones han evolucionado porque ahora se requieren medidas puntuales, las cuales conllevan monitoreos continuos, mapeos y comunicación mediante un enlace con el público.
Significó que el primer ejemplo en Latinoamérica de estas medidas puntuales se llevó a cabo en Argentina con apoyo de la UIT y que luego se desarrollaron sistemas similares de control de las radiaciones no ionizantes (RNI) en Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Panamá.
Carril explicó que la UIT realizó para Centroamérica un proyecto piloto en El Salvador con un mapa de Radiaciones No Ionizantes (RNI) y un Sistema de Monitoreo Continuo en San Salvador, que incluyó la capacitación en el 2013 para los representantes de los reguladores de El Salvador, Panamá, Honduras, Nicaragua y Guatemala.
Sostuvo que como resultado de ese plan piloto, la Comisión Centroamericana para las Telecomunicaciones (COMTELCA) consideró “implementar proyectos similares en los demás países de la región”. A partir del Foro sobre CEM, la República Dominicana comenzó a dar los pasos necesarios para implementar a través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), las referidas iniciativas sobre las mediciones de los CEM.
“La UIT a través de su oficina regional asesora a los países de América en temas relacionados a los campos electromagnéticos (CEM) y la problemática del despliegue de redes inalámbricas”, enfatizó Carril.
Alcaldes a la defensiva
En otro aspecto de su exposición en el Foro sobre CEM, el experto de la UIT advirtió sobre las consecuencias del problema de los campos electromagnéticos, el cual dijo pone a los alcaldes de la región “a la defensiva por el reclamo de la población y presión de las ONG y la oposición”.
Sostuvo que frente a estos casos los gobiernos provinciales siguen igual y el Gobierno nacional, generalmente, está ausente, dando lugar a que los alcaldes impulsen ordenanzas municipales “sin soporte técnico relativo a la protección de la salud y discriminatorias entre torres y antenas de servicios celulares y de otro tipo (radiodifusión, radioaficionados, etc.)”.
Carril, vicepresidente de la CE5 Medio Ambiente y Cambio Climático de la UIT/ONU, presidente del Grupo Regional para América de la CE5 y vicepresidente del Grupo Asesor de Radio (GAR), de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la OEA, dijo que además, siguiendo este mismo esquema, los alcaldes emiten resoluciones restrictivas desde el punto de vista arquitectónico “llegando a impedir el despliegue de las redes de comunicaciones”.
Explicó que las autoridades municipales (alcaldes y regidores) asumen, además, posiciones “muy burocráticas” que demoran la habilitación de las redes y retrasan la expansión de las telecomunicaciones en sus municipios.
Alertó igualmente que la situación genera efectos como que, en la mayoría de municipios “ninguna instalación cumpla la norma impuesta (por ejemplo, instalaciones nocturnas sin habilitación municipal)”.
Además de que, sin instalaciones habilitadas las empresas no pagan tasas municipales, “se generan conflictos judiciales con las empresas”, se produce una “imposibilidad de despliegue de redes en forma ordenada y legal”, esto último causa “inseguridad jurídica y demora en las inversiones”.
Carril dijo que surge también la “imposibilidad para el Estado Nacional (Gobierno nacional) de exigir cumplimiento de cobertura y calidad de servicio”.
Igualmente asoma el problema de los “usuarios disconformes con el servicio y con miedo por su salud, porque no entienden qué son las radiaciones no ionizantes (RNI) y no comprenden si el Estado los protege”. Surge entonces, según este consultor de la UIT, “el conflicto político-social donde todos los actores pierden”.
Rechazo a las torres y antenas, pero calidad en el servicio
Según el ingeniero Carril, la telefonía móvil opera a nivel municipal en Latinoamérica “con un alto nivel de informalidad y judicialización”.
Explicó que la situación da como resultados para la población, que se produzcan “regulaciones municipales restrictivas que impiden que se instalen las torres, pero que no logran calmar la “ansiedad popular” sobre el tema porque las torres y las antenas siguen estando”.
Significó que también siguen existiendo simultáneamente, “el rechazo a las torres y antenas y la demanda de calidad de servicio que requiere el despliegue de más infraestructura”.
En tanto, los alcaldes se enfrentan al falso dilema de decidir a favor del desarrollo y las inversiones pero en contra del medio ambiente, o a favor del medio ambiente pero sin comunicaciones.
Política proactiva
El experto de la UIT sugirió a los países de América Latina, Centroamérica y el Caribe “generar una política de Estado (nación, provincias y municipios) para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, en la que según advirtió, deben estar todos involucrados “sin importar su color político”.
Carril planteó que en el marco de esa política proactiva se desarrollen ordenanzas municipales y normativas provinciales con sustento técnico y científico, que incluyan normativas sobre cómo instalar las redes, cómo comunicar esas instalaciones y cómo operarlas.
De igual forma, definir una estrategia de comunicación social relativa a la salud y a las radiaciones no ionizantes (RNI) que implique informar a la población y hacer un trabajo que tenga su base en el consenso, involucrando a periodistas y otros comunicadores.
Código de Buenas Prácticas
El ingeniero Carril, quien mostró su disposición de cooperar con la República Dominicana en la implementación de planes que viabilicen los despliegues de redes sin trabar el desarrollo de las telecomunicaciones, propuso como herramienta fundamental la aplicación de un Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de Redes Móviles.
Planteó que esa herramienta debe contemplar un “convenio entre municipios, el Estado Nacional (gobierno) y las empresas de servicios inalámbricos (principalmente, servicios móviles) para despliegue de redes”.
Dijo que esta propuesta contempla como objetivo del acuerdo marco, crear el Código de Buenas Prácticas para el despliegue de redes móviles, una Ordenanza Municipal Modelo y servicio de asesoramiento técnico a los municipios.
Además, propuso también dar soluciones de monitoreo y comunicación complementario a las mediciones de cumplimiento y para una comunicación social adecuada, que incluirá la elaboración de “mapas de radiaciones” y sistemas de monitoreo continuo.
Carril destacó que como resultado de los trabajos realizados por la UIT en Centroamérica, específicamente el proyecto piloto de El Salvador, se resolvió “gestionar la implementación de proyectos similares en los demás países de la región”.
Recomendaciones para las Américas
Al término de su exposición, el ingeniero Carril recomendó impulsar acciones para desarrollar sistemas de monitoreo continuo en toda la región América, promover desde el Grupo Regional para América de la CE-5 de la UIT “la creación de un centro regional para ayudar a los Estados miembros de la región” a implementar de medición continua y la capacitación de personal.
También, realizar cursos de capacitación sobre los sistemas de monitoreo continuo basados en la Resolución K.83 de la UIT, como herramienta para gestionar la aceptación social de la población al despliegue de antenas.
Carril concluyó afirmando que las recomendaciones de la Comisión de Estudio 5 de la UIT-T, “pueden utilizarse para estimar la exposición a los CEM, detectar situaciones potencialmente peligrosas y cumplir con los límites de exposición a los campos electromagnéticos.
Indicó que la UIT además asesorará desde su oficina regional a los países de América y específicamente a la República Dominicana, “en temas relacionados con los CEM y la problemática del despliegue de redes inalámbricas”.
