Ley de partidos. ¿Para qué?

En Nueva York el entonces presidente de la República dijo en un encuentro con “compañeros” que disponía de 40 mil millones de pesos, 90 millones de raciones de alimentos para los pobres, y que además hablaría con Venezuela para que le aportara petróleo que le permitiera pavimentar calles en sectores populares para la campaña electoral en marcha de tal manera que el candidato de su partido “ganara” las elecciones.

Y así lo hizo. Los recursos del Estado fueron un factor fundamental para que Danilo Medina hoy sea presidente de la República. Ese perverso que pretende volver a la presidencia de la República creó un déficit de 200 mil millones de pesos para imponer un candidato. ¡Y no pasó absolutamente nada!

Es por esa razón que el PLD no quiere una ley de partidos. Es por eso que la JC E y el TSE están al servicio de ese partido, como lo prueba el apoyo vulgar a Miguel Vargas para destruir al PRD.

El Comité Político del PLD no le interesa una Ley de Partidos, ni una JCE y TSE autónomos. Quiere seguir actuando como “chivo sin ley” para las componendas, las trampas, los fraudes, el transfuguismo, etc. Y si al cabo de muchos años han presentado un mamotreto de proyecto es por la presión nacional e internacional. El PLD quiere seguir gastando el dinero del presupuesto en las campañas para su beneficio. No quiere leyes que lo aten, que sirvan para reclamar en los tribunales, ni para las denuncias en organismos extranjeros. Eso es todo.

En la República Dominicana el problema no es de falta de leyes, es de voluntad política para hacerlas cumplir. Leyes tenemos. Y muchas. Pero no se cumplen, ni hay autoridad que las haga cumplir. A menos, por supuesto, que no sea de su interés. ¿Quién cumple, por ejemplo, la ley de tránsito? ¡Nadie! ¿Quién combate la corrupción amparado en las leyes? ¡Nadie!

La ley, como la democracia, solo sirve si beneficia a los que gobiernan, a los que financian campañas electorales con dinero limpio o sucio, a los que deciden quién gana o quien pierde, que son los mismos que deciden quienes viven y quienes mueren, quienes van a las cárceles y quiénes no.

La democracia es buena, si me favorece, de lo contrario me burlo de ella, como hizo, por ejemplo, Miguel en el PRDdurante la convención que terminó con su “escogencia” como “líder”, “presidente” y “candidato presidencial” al mismo tiempo con el respaldo absoluto de la JCE, el TSE y el Comité Político del PLD.

Todas las instituciones del Estado se emplearon a fondo para dividir al PRD y convertirlo en una entelequia inservible desde el punto de vista político, pero útil para los negocios del “líder”, “presidente” y “candidato”, Miguel Vargas.

La Constitución y las leyes facultan a la JCE supervisar y vigilar las convenciones de los partidos, pero se opuso en una acción que puso de manifiesto su complicidad con el gobierno y con la perversidad representada por Miguel y sus secuaces. No es pues, un problema de ley, es de voluntad para cumplirla. Y de castigo para los que no las cumplen y para quienes no las hacen cumplir.

La Constitución (artículo 146) condena y castiga la corrupción. Pero a pesar de las denuncias y las evidencias, nadie ha sido investigado seriamente. Y nadie está preso por “robarse el país”, expresión por la cual estoy sometido a la justicia y por la cual seré condenado en las “altas cortes”.

La ley de partidosla aprobará, a regañadientes, la mayoría vergonzante que tiene el PLD en el Congreso, pero de nada servirá, como no sirven otras leyes, a menos que el pueblo las haga cumplir en las calles con barricadas si es preciso.