El primer intento científico de depurar la nómina de funcionarios diplomáticos en el país ocurrió a finales de los 90 en el marco del Proyecto de Reforma y Modernización de la Cancillería y del Servicio Exterior, que contó con apoyo técnico y financiero del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y con una firme voluntad política del Poder Ejecutivo de priorizar el manejo de las relaciones internacionales en la nueva era global que despuntaba.
Por José Alejandro Ayuso
Atrás los “viejos tiempos” de la época de Balaguer en que nunca hubo una política exterior definida: las pocas decisiones en la materia las tomó el caudillo de manera reactiva, improvisada y autocrática. Por ende, aplicó una fuerte austeridad en materia de nombramientos de diplomáticos en el exterior por entender que estos no le servían para mucho, salvo para dispendiar divisas en fiestas y francachelas como él mismo lo había vivido en la Era de Trujillo.
Lo que sí instauró los 12+10 años fue un régimen de canonjías mediante el nombramiento de “personalidades” como “Embajadores adscritos” a la Cancillería, un invento criollo no previsto en la nomenclatura de las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. Si bien no recibían remuneración del Estado (ahora sí) y tampoco rendían labor alguna (continúa igual), sí se beneficiaban de los privilegios e inmunidades reservados a los diplomáticos para el ejercicio de sus funciones (situación que se mantiene).
No obstante las restricciones presupuestarias de la última década del balaguerismo para todo lo que oliera a diplomacia, los consultores extranjeros y nacionales que laborábamos en el Proyecto hicimos dos hallazgos importantes: la nómina era supernumeraria y, tanto más grave, carecía de funcionarios expertos en áreas temáticas y geopolíticas y en métodos gerenciales que tomaban auge con la tendencia mundial a la internacionalización de la vida pública en todos los órdenes.
Hace un año esta columna refirió un trabajo de investigación publicado en la hoy desaparecida revista “La Lupa” calzado por Edwin Ruiz, que catalogaba el servicio exterior como “una vergüenza nacional que cuesta más de RD$1,400 MM en salarios al año”. En el mismo orden, que “La nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana incluye 1,500 asignados en consulados y embajadas. Tres de cada cuatro no están acreditados oficialmente en los países y organismos multilaterales a los que fueron enviados, lo que significa que no pueden ejercer su función y, por lo tanto, cobran sin trabajar”.
Estos números son sencillamente escandalosos al compararlos, por ejemplo, con Costa Rica, hermano país que sin dudas nos aventaja en cuanto a la efectividad de la acción exterior del Estado, medida ésta en términos de protección de sus nacionales, promoción de inversiones y exportaciones y de su “peso específico” en los organismos internacionales, cuenta con sólo 257 funcionarios diplomáticos y consulares bien preparados para la tarea y cumpliendo sus jornadas de trabajo.
Al iniciar su tercer año de gobierno, el presidente Medina nombra un nuevo Canciller que deberá auxiliarlo en la profilaxis en curso del servicio exterior para integrar a la carrera diplomática y consular funcionarios competentes que representen los intereses del Estado dominicano en todo el mundo.
