La petición la hicieron Andrés Bautista García, Senador por la provincia Espaillat, del 1994 al 2010, y presidente del hemiciclo en los años 2001 al 2003 y del 2004 al 2006 y Jesús Vásquez Martínez, quien representó la provincia María Trinidad Sánchez, del 1994 al 2010, también el presidente del senado en el año 2003 al 2004.
También Pedro Alegría, ex senador de la Provincia San José de Ocoa durante los periodos 1994 al 2010, y Noe Sterling Vásquez, senador por la provincia de Barahona en el periodo 2006 al 2010,solicitaron la Investigación de la compra, por parte del Estado Dominicano, de aviones tipo Super Tucano a la empresa Embraer, S. A.
“Los suscribientes, quienes ostentamos en su oportunidad la condición de Senadores, tienen a bien solicitar por su intermedio, que el Honorable Senado de la República proceda a realizar una investigación sobre las alegadas acusaciones de soborno de un miembro de ese Órgano Legislativo, en ocasión de la compra, por parte del Estado Dominicano, de doce (8) aviones tipo Súper Tucano a la empresa Embraer, S.A, por un monto aproximado de 92 millones de dólares”.manifiestan en sus misivas.
Expresaron que su legítima inquietud se fundamenta en los procesos de la misma naturaleza abiertos en los Estados Unidos de Norteamérica y la República Federativa del Brasil, según reportajes publicados en el periódico The Wall Street Journal y otros medios de comunicación, tanto nacional como internacional. Las notas informativas señalan que se pagaron unos 3.5 millones de dólares a través de una empresa fantasma y que parte de esta suma fue entregada a un senador dominicano, todavía no identificado.
“ Consideramos de rigor indicarle que, en nuestra condición de ex senadores de la República, miembros del Senado que a la sazón conoció de la aprobación del financiamiento de esa operación comercial, estamos requiriendo al Procurador General de la Republica y a las demás autoridades dominicanas , al igual que en esta solicitud, investigar, aclarar y llevar hasta las últimas consecuencias estas graves acusaciones que ponen en cuestionamiento la credibilidad, ética, moral y transparencia que debe mostrar el Congreso Nacional y el Gobierno Dominicano, en cada una de sus actuaciones, con respecto al manejo de los fondos públicos”. Finalizaron los legisladores.
