Gobierno y BID suscriben convenios relativos a electricidad y gasto público

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmó este miércoles dos convenios de cooperación técnica no reembolsable con el gobierno dominicano para impulsar proyectos en el área de modernización de la red de electricidad y otro para el fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos del Estado dominicano, con un monto total de un millón quinientos mil dólares.

Por el primer convenio, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) recibirá US$800,000, de los que US400,000 provienen del Fondo para la Preparación de Proyectos de Infraestructura (Infrafondo) y los otros US$400,000 se desembolsarán con cargo a recursos del Fondo General de Cooperación de España.

Con estos fondos se financiará “la selección y contratación de los consultores necesarios para la realización de un proyecto de cooperación técnica consistente en apoyar el Programa de Modernización de la Red de Distribución y Reducción de Pérdidas” que ejecuta la CDEEE.

El segundo convenio, que hará desembolsos por un monto total de US500,000 y un aporte local de US$60,000, financiará el proyecto “Racionalización de los Gastos de la Función Pública” con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos del Estado dominicano, a través del fortalecimiento institucional del Ministerio de Administración Pública (MAP), explica una nota informativa de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

El proyecto, que consta de dos componentes, busca específicamente “consolidar e integrar el Sistema de Administradores de Servidores Públicos (SASP), gestionado por el MAP, logrando su comunicación/ interface con el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) del Ministerio de Hacienda”, además de apoyar la implementación de la Ley de Regulación Salarial del Estado Número 105-13 para el personal del gobierno central.

Ambos convenios fueron suscritos en el Palacio Nacional por el titular del MEPyD, ingeniero Temístocles Montás, en representación del Estado dominicano y Flora Montealegre, representante del BID, quien estuvo acompañada, de Jorge Mercado, especialista en energía del organismo.

El ministro Montás estuvo acompañado en la ceremonia de Juan Monegro, Viceministro de Planificación del MEPyD y en representación de la CDEEE estuvo presente Marilyn Brito, coordinadora de la Unidad Ejecutora de Proyectos.
Montás explicó que en cuanto a la parte eléctrica, el convenio va en la dirección de modernizar las redes para reducir las pérdidas, lo que representa en gran medida un ahorro para el Gobierno.

El funcionario dijo que su ejecución “está alineada al propósito de este Gobierno de lograr la sostenibilidad y eficiencia del sector eléctrico, tal como está consignado en la Estrategia Nacional de Desarrollo y programado en el Plan Plurianual del Sector Público”.

De su lado la representante del BID en el país, Montealegre expresó su satisfacción por la contribución en pro de la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo para la mejora del sistema eléctrico y ayudar a la transparencia de la nómina del Estado y para la ley del funcionario público.

La representante de la CDEEE, Brito agradeció al BID y al ministro Montás por la gestión y aprobación de la asistencia técnica para la recuperación del sector eléctrico.

Convenio con la CDEEE

El convenio establece que los equipos técnicos de la CDEEE y de las Empresas de Distribución Eléctrica (“EDEs”) “acompañarán cercanamente el desarrollo de las actividades del Proyecto y la CDEEE proveerá apoyo técnico y logístico a los equipos de consultoría, tal como se establece en el Acápite Sexto de estas Estipulaciones Especiales”.

Sostiene que el primer desembolso de los recursos está condicionado a que el Organismo Ejecutor demuestre que, a satisfacción del BID, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales, “haya presentado evidencia de que cuenta con un sistema de información financiera y una estructura de control interno adecuados a los cuales hace referencia el Artículo 13 de las Normas Generales”.

Con la firma del convenio, la CDEEE se compromete a realizar oportunamente los aportes que se requieran para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto, en especial “el equivalente de doscientos mil dólares (US$200.000) con el fin de completar la suma equivalente a un millón de dólares (US$1.000.000) en que se estima el costo total del proyecto, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Organismo Ejecutor (CDEEE) de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el proyecto”, estimado en una duración de 24 meses.

Convenio con el Ministerio de Administración Pública

El convenio “Racionalización de los Gastos de la Función Pública”, en su componente de consolidación del Sistema de Administradores de Servidores Públicos (SASP), establece el objetivo de “contribuir a completar la implementación del SASP en el Gobierno Central, incluyendo al Ministerio de Turismo, Ministerio Administrativo de la Presidencia y de todos los organismos centralizados que dependen directamente de la Presidencia de la República y que aún no están cubiertos por este sistema, como parte de los esfuerzos para consolidar la formación del capital humano del Estado y para transparentar la nómina pública”.

Con la ejecución del proyecto se espera la puesta en marcha del uso del SASP en su totalidad, reforzar el conocimiento de los técnicos del MAP y el vínculo de las plataformas del SASP y del SIGEF.

Explica que las actividades principales propuestas incluyen un plan de desarrollo y acompañamiento en operación de un interface entre el SASP y el SIGEF, lo que permitirá el vínculo entre la gestión de los recursos humanos y la gestión global de los gastos públicos del gobierno central, así como la “parametrización y puesta en operación de los módulos del SASP en las instituciones públicas que todavía están pendientes de utilización y que permitirán que se realice una gestión integral de los recursos humanos”.

La financiación del proyecto permite que en este componente se contrate a consultores para asistir el MAP y las instituciones piloto en el uso de los módulos del SASP, “puesto que la información registrada no está a la fecha acopiada de forma útil para la toma decisiones”.

Asimismo, el financiamiento servirá para desarrollar y poner a prueba el interface SASP-SIGEF y desarrollar los procedimientos para dicha interface.

En lo relativo al segundo componente del proyecto, el Apoyo a la Implementación de la Ley de Regulación Salarial del Estado, se apoyará la puesta en marcha de la Ley, “apoyando la implementación de los reglamentos del Poder Ejecutivo y la implementación de mecanismos de planificación y ejecución de la política salarial”.
Igualmente, sostiene que estos resultados se lograrán a través de la elaboración de los borradores de reglamentos pendientes para la aplicación del marco legal en el Gobierno Central y la Policía Nacional, la preparación de las escalas de salarios e incentivos en entidades pilotos del Gobierno Central, el estudio de mejora de la equidad salarial del Gobierno Central entre las categorías y la equidad de género conforme al mandato de la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Asimismo, las actividades incluyen el “desarrollo e implementación de la planificación presupuestaria de la masa salarial en organizaciones piloto del gobierno central”, el diseño e implementación de la escala salarial “para entidades autónomas y descentralizadas pilotos, las cuales se escogerán en base a qué instituciones autónomas se ofrezcan para trabajar en este tema y a criterios como: su experiencia en la implementación de reformas, el nivel de complejidad considerando los recursos existentes y la importancia estratégica del sector para el gobierno”.

Finalmente el componente prevé la capacitación de los funcionarios del MAP y de las direcciones de planificación y recursos humanos de las entidades piloto en la aplicación de la Ley de Regulación de Salarios y (conforme a estipulaciones de la Ley, “se realizarán los estudios de salarios de la Policía Nacional y de la dotación de personal y remuneraciones del Cuerpo Diplomático dominicano”.

Por igual, en el marco de este componente “se financiará la contratación de consultores individuales tanto para los estudios como el acompañamiento de su implementación para los casos correspondientes”, establece el convenio.