A pesar de un “extraordinario desempeño del crecimiento económico en las últimas cuatro décadas, la República Dominicana continua evidenciando considerables desafíos para el desarrollo, como son mejorar la calidad de sus servicios públicos, incrementar la redistribución o alcanzar un crecimiento más incluyente”, afirma un estudio de expertos del Banco Mundial divulgado este miércoles en un acto en la sede del Ministerio de Economía.
Los investigadores explican que durante largo tiempo la República Dominicana ha presentado bajos niveles de gastos en los servicios públicos y deficiencias en la calidad con relación a los estándares regionales como resultado de que quienes pueden costearlo a través del pago de impuestos han optado por excluirse de los sistemas públicos y han escogido soluciones privadas a pesar de los costos financieros mucho más altos.
Al examinar las políticas públicas hacia la educación, la salud, la electricidad y la provisión de agua potable en el país en comparación con la región, el estudio “¿Rentas o reformas? La economía política del desarrollo en República Dominicana”, concluye que el proceso de políticas “adolece de debilidades en la implementación y ejecución de políticas, lo que impide que algunas ‘políticas sobre el papel’ tengan un impacto real sobre el terreno”.
La preparación del estudio estuvo a cargo de un equipo profesional coordinado por Andrea Gallina, especialista en Desarrollo Social y Yasuhiko Matsuda, especialista en Sector Público del Banco Mundial, y contiene un resumen ejecutivo, un primer capítulo dedicado a examinar los problemas del desarrollo, servicios y calidad de las instituciones; mientras que el segundo recorre las características de las reformas realizadas y el tercero examina el desempeño de las políticas públicas.
Durante la presentación del estudio hablaron el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ingeniero Temístocles Montás; el representante en el país del Banco Mundial, McDonald Benjamín, Andrea Gallina, coactor del informe y Roby Senderowitsch, Gerente del organismo mundial para la Alianza Global para la Auditoría Social. En la actividad estuvieron presentes Juan Monegro, Viceministro de Planificación y Magdalena Lizardo, Directora de la Unidad Asesora de Estudios Económicos y sociales del MEPyD.
La directora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, intervino al final para hacer algunas puntualizaciones de datos contenidos en el estudio sobre niveles de transparencia que entendió desactualizados y que no se corresponden con los avances que ha tenido el país en esta materia en el último año conforme el último ranking de competitividad del Foro Económico Mundial.
El informe fue divulgado con la presencia de representantes de organismos internacionales acreditados en el país, de instituciones públicas y privadas, así como de organizaciones de la sociedad civil, economistas e investigadores del tema social.
“Cuando se compara con las políticas públicas de América Latina, la calidad de las políticas en la República Dominicana es cercana al promedio, pero tiene una baja calificación en ‘pertinencia pública’, consistente con la percepción general que arrojan las encuestas de que el interés de unos pocos puede estar sesgando el desarrollo de las políticas públicas en el país”, sostiene el informe, según una nota de la Unidad de Comunicaciones del MEPyD.
Al analizar las deficiencias en la provisión de servicios públicos, la investigación realizada entre el 1° de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013, arroja que “cuando la desigualdad es alta, la provisión de servicios públicos es particularmente importante para garantizar un nivel básico de necesidades para los miembros de la sociedad que son relativamente menos aventajados”, dado que la provisión de beneficios públicos es la responsabilidad clave de cualquier gobierno.
Educación
En lo relativo al servicio de educación, afirma que es uno de los sectores clave “que ha permanecido insuficientemente financiado en las últimas dos décadas. La República Dominicana destinó cerca del 2% del PIB a la educación pública en 1991-2010, colocándose en los últimos lugares de América Latina”.
El estudio señala que el bajo nivel de recursos para la educación pública ha provocado “una provisión inadecuada de los servicios educativos incluyendo la falta de aulas y de maestros, y ha creado ambientes desfavorables para el aprendizaje caracterizados por altas tasas de estudiantes a maestros, doble tandas de maestros en las escuelas, y cátedras sobre-pobladas en la principal universidad pública”.
Agrega que la expansión de la infraestructura educativa (6,644 aulas se construyeron en 2004-2011) y los recursos humanos han sido notables, pero no han mantenido el ritmo del incremento de la demanda, por lo que “se ha evidenciado un incremento en el número de niños por aula y un aumento en el número de tandas en las escuelas”.
Explica que aunque las disposiciones legales establecen que los alumnos deberían recibir 4.5 horas de clases al día en las escuelas primarias, cinco horas de clases al día en las escuelas secundarias y ocho horas de clases al día en las escuelas politécnicas, “la mayoría de las escuelas tienen tres tandas de cuatro horas cada una, y el número efectivo de horas impartidas en algunos casos promedia apenas 2.5 horas (EDUCA-GALLUP, 2008).
“El sistema educativo en la República Dominicana tiene insumos eficientes en términos de matriculación, pero no en lo atinente a número de años de escolaridad, tasas de conclusión y calidad. El gasto público es bajo con respecto a los promedios regionales; el gasto es progresivo a nivel de la escuela básica, mientras que en el nivel de educación terciaria es altamente regresivo”, apunta.
Sector salud
En el caso del sector salud, el estudio concluye que la historia es similar a la educación porque la cobertura se ha ampliado, particularmente en la última década, pero la provisión de servicios de calidad continúa siendo un desafío.
“El número de beneficiarios del régimen de salud pública totalmente subsidiado, creado en 2001 y orientado a los pobres, se ha incrementado rápidamente a dos millones desde noviembre 2011; sin embargo, cerca del 40% de los pobres no se han registrado aún”, dice la investigación.
Explica que según fuentes gubernamentales, el gasto público presupuestado para el sector salud en el país ha promediado 1.5% del PIB entre 2005 y 2011, por lo que ocupa la posición 18 entre 19 países de América Latina en cuanto a los recursos públicos destinados al sistema de salud.
“La República Dominicana no parece estar haciendo el mejor uso de estos recursos, ya que las tasas de mortalidad de menores de cinco años están por encima de la línea de tendencia para América Latina. Adicionalmente, el Estado está apenas financiado cerca del 36% del gasto total en salud, mientras que los gastos a cargo del usuario ascienden a 56% y los seguros privados cubren apenas 8%”, apuntan los investigadores.
Agrega que el gasto a cargo del usuario “es claramente regresivo, ya que los hogares más pobres tienen que destinar una mayor proporción del ingreso en términos relativos, representando un desafío importante para el desarrollo”.
Dice que no obstante que el porcentaje de nacimientos que son atendidos por personal calificado es cercano al promedio regional, las tasas de mortalidad materna continúan siendo persistentemente altas a nivel de 100/100,000 nacimientos con vida desde 2005 de conformidad con las estadísticas de salud del país (2010) y a 159 por 100,000 nacimientos con vida de conformidad con la encuesta nacional de salud de ENDESA (2007), lo que a su juicio “ilustra la pobre calidad de los profesionales de salud y de las instalaciones en el país”.
En lo relativo a las tasas de mortalidad infantil, el estudio señala que también son significativamente altas (32 por 1000) y por encima del promedio regional (22 por 1000), mientras que en comparación con los estándares regionales, la República Dominicana “adolece de bajas tasas de vacunación, menor esperanza de vida y una alta incidencia del VIH”.
Servicio de electricidad
Al abordar lo relativo a la provisión de electricidad, los investigadores concluyen que se trata de otro servicio público importante que ha tenido un desempeño ineficiente por largo tiempo, con implicaciones importantes para la competitividad y el desarrollo humano del país.
“El sector eléctrico es probablemente el epítome del mal funcionamiento de los servicios públicos en la República Dominicana. Aunque el servicio ha mejorado lentamente en años recientes, en promedio, el servicio de electricidad continúa sin estar disponible el 20% del tiempo. Una empresa dominicana promedio experimenta 25 apagones de electricidad al mes, o más de uno por día laborable, comparado con solo 4 en América Latina y 8.8 en el mundo”, apunta el estudio.
Indica que la mayoría de las empresas dominicanas (63%) identifican la electricidad como “una dificultad mayor en sus actividades diarias (comparado con el promedio regional de 36%).
Admite que las pérdidas totales de 36% en 2009 (incluyendo ineficiencias técnicas, fraude) se han reducido en años recientes a menos 30% en 2012, pero aun “continúa estando muy por encima del nivel promedio de la región entre 12 y 15%”.
Reconoce que el gobierno de Leonel Fernández emprendió un ambicioso programa de reformas en los últimos tres años de su segundo mandato, incluyendo la profesionalización de la alta gerencia de las empresas de distribución, mejor focalización de los subsidios, la reintroducción de inversiones para rehabilitar las redes de energía, y el fortalecimiento de la regulación, lo que significó una mejoría en el servicio con el 35% del mercado recibiendo energía 24 horas, pero “aún así, el suministro continúa siendo no confiable y muchos hogares y empresas han optado por instalar sus propios dispositivos de generación eléctrica para compensar los frecuentes apagones de electricidad”.
Manifiesta que el desequilibrio entre el costo de producción de la electricidad y la tarifa real facturada (y cobrada) ha representado un déficit de 1.6% del PIB en promedio por los últimos siete años y ha resultado una carga sobre las finanzas públicas en su conjunto.
Servicio de agua
Al abordar el servicio de provisión de agua potable, el estudio del Banco Mundial señala que el número promedio de insuficiencias del agua en República Dominicana es cercano al doble del Promedio regional y mundial, pese a que tiene implicaciones sanitarias, para la salud pública y las actividades empresariales, especialmente en sectores importantes como el turismo.
Apunta que ante la crisis de los servicios que debe proveer el Estado, las clases media y alta en la República Dominicana, como en otros países de América Latina, “muestran significativamente una mayor propensión a optar por soluciones privadas a los servicios públicos deficientes que los estratos bajos de la población”.
Señala que la generación privada de electricidad es un ejemplo clave de un comportamiento de exclusión voluntaria, pues el 20.8% de la clase media recurre a un inversor o a un generador en sus hogares para hacer frente a los apagones eléctricos.
“El comportamiento de exclusión voluntaria en la clase alta, en este caso, es mucho más pronunciado, ya que más de dos tercios de los hogares poseen sus propios dispositivos de suministro energético”.
Apunta que aparte de los hogares, la mayoría de las empresas han instalado sus propios generadores eléctricos, por lo que se estima que “la capacidad de auto-generación es en la actualidad similar a la capacidad de la red nacional de electricidad” provocando una duplicidad altamente deficiente.
Instituciones públicas y gobernabilidad
Al abordar el tema de la gobernabilidad, los investigadore
s señalan que “una pobre gobernabilidad es un obstáculo importante para el desarrollo futuro de la República Dominicana que implique crecimiento sostenible e inclusión social.
Con respecto a la corrupción, el estudio señala que distintas fuentes pintan un escenario preocupante de relativamente altos niveles de corrupción prevaleciente en la República Dominicana, entre ellos el del Foro Económico Mundial que dice que “una muy alta incidencia de corrupción en un número de dimensiones clave, tales como pérdidas presupuestarias y sobornos para las contrataciones, a la vez que otras dimensiones de sobornos también presentan un panorama desafiante, aunque no tan elevado” .
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