El juicio del Tribunal Constitucional sobre las razones del bajo presupuesto, adelanta posible sospechas a decisiones que esta alta cortes pudiera tomar sobre asuntos que atañen al Poder Ejecutivo.

Santo Domingo.-Desde el Gobierno no se ha reaccionado en torno a las afirmaciones del presidente del Tribunal Constitucional, que atribuye la asignación presupuestaria para el 2015 a una revancha del Poder Ejecutivo por haber aprobado la controversial ley 168-13, con la que se pretendía desnacionalizar a miles de dominicanos de origen haitiano.

En el fondo, lo declarado por Ray Guevara apunta a darle un matiz nacionalista a la discusión presupuestaria y una velada advertencia al Gobierno de cual podría ser la actitud del tribunal ante casos relacionados con esta setencia y la Ley de Regulación de Extranjeros

Sostiene el Tribunal Constitucional ue si se confirma la asignación de 651.3 millones de pesos que el Poder Ejecutivo le puso en su presupuesto del 2015 "no solo sería un grave atentado a su autonomía presupuestaria sino que levantaría sospechas, fundadas o infundadas, sobre una posible tentativa de obstaculizar y lesionar su desempeño como represalia por haber emitido la sentencia 168-13, que regula la nacionalidad de los hijos de extranjeros ilegales en el país".

La afirmación está contenida en carta dirigida al senador Tommy Galán, presidente de la comisión bicameral que estudia el proyecto de presupuesto. En ella el presidente del TC, Milton Ray Guevara, reclama un aumento de 301 millones de pesos adicionales a los que se le asignaron.

¿Qué pasaría si no fuera posible aumentar el presupuesto al Tribunal Constitucional y éste luego se destapara dictando sentencia que contravengan la decisión del Poder Ejecutivo? De ocurrir, se podría inferir que tales decisión del Constitucional se producen como revancha hacia el Gobierno.

Como se advierte, el presidente del Tribunal Constitucional ha cometido un delicado error de consecuencias imprevisibles al apartar el debate en torno a la asignación presupuestal de la disponibilidad o no de recursos, en base a los proyectados ingresos del Gobierno para el 2015, y trasladarlo a las diferencias nacionales en torno a la referida sentencia.

El Tribunal Constitucional pudo exponer sus aspiraciones presupuestales, como bien lo hace en la carta, sin formular afirmaciones que a futuro podrían generar sospechas en sus decisiones y hasta desencadenar una crisis de poderes.