Evidenciadas sus irrefutables transgresiones a la Constitución, las leyes de Ministerio Público y de Función Pública, Francisco Domínguez Brito debió tomar el camino menos dañoso y digno: presentar renuncia al cargo de procurador general y pedir disculpas a la sociedad y al presidente de la República por las faltas cometidas.
Ha dado inicio a una labor proselitista por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, en franca violación al párrafo II del artículo 172 de la Constitución de la República que establece: “La función de representante del Ministerio Público es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente y, mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones, no podrán optar por ningún cargo electivo público ni participar en actividad político partidista”.
Ha arrastrado a varios procuradores adjuntos en violación al artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que estatuye el principio de apoliticidad: “El Ministerio Público ejerce sus funciones sin consideraciones de índole político partidaria. Ninguno de sus miembros puede participar en actividad político partidista, aprovechar su investidura para realizar propaganda a favor de ningún partido político, ni utilizar los recursos humanos o materiales de la institución para tales fines. Los miembros del Ministerio Público pueden objetar, conforme lo dispuesto en esta ley, las instrucciones particulares que les dicten sus superiores, sin prejuicio de otros motivos, cuando se fundamenten en consideraciones políticos partidarias”.
Realizar actividades político partidarias o autorizar u ordenar la realización de tales actividades, se consigna como falta grave en el artículo 92 de la Ley del Ministerio Público
El pasado miércoles se presentó una denuncia ante el Senado de la República en la que se especifica, con nombre, cargo y sueldo, una relación de 28 funcionarios del Ministerio Público que forman parte de la estructura que ha estado acompañando al procurador en sus actividades políticas.
La respuesta que ofreció a esta denuncia fue la de la solicitud de prisión contra el senador Félix Bautista y otras seis personas a las que supone como socias o testaferros del senador de San Juan, y digo que si en verdad dispone de una investigación seria, debió colocarla por encima cualquier sospecha.
En la misma información de su renuncia bien hubiese podido explicar el nivel en que se encontraban las investigaciones que llevaba a cabo, sin apelar a la desesperación de pedir prisión preventiva contra personas que no representan peligro de fuga ni de evasión de la justicia.
Se adelantó para procurar una explicación de su potencial destitución, pretendiendo que no se enfoque como el producto de faltas cometidas, sino como resultado de su intención de perseguir la corrupción, que es lo que menos se logra cuando se carece de legitimidad.
La pelota ha sido puesta en la cancha del presidente de la República, que no coloca a nadie en una posición para que viole la Constitución y las leyes, y que si bien es cierto que sabía que Domínguez Brito aspiraría a la candidatura presidencial, no pensó que cometería las torpezas en las que ha incurrido.
Lo de la aspiración al Comité Político del PLD era tan violatorio como lo que ha ocurrido ahora, pero nadie lo protestó, prensa, oposición, sociedad civil y el oficialismo, fueron indiferentes, pero lo actual tiene otras repercusiones, que comprometen seriamente la imagen del Gobierno y la legitimidad del Ministerio Público.
Mirar para otro lado es propiciar el relajamiento institucional, hay nuevos motivos para remenear la mata.
