Los que regatean un justo presupuesto para la universidad pública nada dicen sobre las irregularidades reveladas por la Cámara de Cuentas durante la gestión del ingeniero Víctor Díaz Rúa en el Ministerio de Obras Públicas. Esas irregularidades ascienden a más de 60 mil millones de pesos, lo que equivale a más de ocho veces al presupuesto anual que la UASD percibe.
Tampoco se refieren a otros casos de corrupción mayores ni a elevadas asignaciones presupuestarias a organismos estatales que no ofrecen ningún servicio a la sociedad ni rinden cuenta a nadie. Nunca se les vio condenar que Leonel Fernández, siendo presidente de la República, le asignara al Despacho de la Primera Dama, a la sazón Margarita Cedeño de Fernández, un presupuesto multimillonario, superior al de cinco ministerios juntos.
Son los mismos sectores que mantienen el infeliz alegato de que “la UASD es un barril sin fondo” (una vieja campaña sucia), pese a recibir la menor asignación económica de todas las universidades estatales del continente. Los remito a revisar las estadísticas para que sus enfoques se inscriban en la objetividad.
El presupuesto de la UASD está establecido por ley y no se cumple. Contrariamente, los conservadores que abogan por la privatización de la academia pública, viven formulando sugerencias absurdas, como la baja académica, que constituye un acto clasista, pues los bachilleres que ingresan a la academia mayoritariamente provienen de liceos públicos, con graves deficiencias en las denominadas asignaturas básicas.
Y es la UASD que termina de alfabetizarlos. Y muchos logran concluir sus estudios superiores, dotarse de una profesión y servirles dignamente a la sociedad. Negarles educación superior a los jóvenes de los barrios y lejanos y empobrecidos pueblos de la geografía nacional es condenarlos a la pobreza social, terreno fértil para el incremento de la delincuencia y la criminalidad.
La baja académica es improcedente, tan improcedente como la prueba académica que recomiendan para el ingreso. La prueba académica –con la deficiencia de la educación pública– sólo sería aprobada por los jóvenes egresados de los colegios, que regularmente disponen de recursos para realizar carreras en las universidades privadas.
Ahora se pretende condenar a la UASD por permitir que en su sede se le haga un homenaje a Jean Jacques Dessalines, supuesto responsable de degollamiento de “dominicanos”. ¿Dominicanos? Ignoran que Dessalines murió en 1806, fecha para la cual aún no había un proyecto independentista ni se conocía nada que se llame República Dominicana.
Pero asumiendo que Dessalines fue un criminal, como alegan, la UASD tiene que estar abierta a todas las corrientes del pensamiento, tal y como lo establece su Estatuto Orgánico.
(Si Vinicito –el hijo del Vincho, uno de los hombres que se le atribuye haberle hecho grandes daños al país– quiere dictar una charla en la UASD, hay que habilitarle un salón. Naturalmente, yo no acudiría a esa charla, porque sé anticipadamente los aspectos que abordaría: el tema haitiano, el narcotráfico (desde una óptica parcializada) y el “peligro del PPH”).
La UASD sigue siendo la institución de manejo financiero más transparente. Y hoy más que nunca. Y sigue siendo la más abierta al libre juego de las ideas.
Y sus tradicionales enemigos (¡búsquelo uno por uno!) son personas atrasadas ideológicamente o con intereses empresariales en la educación superior. También los hay que estudiaron en la academia del Estado o sirvieron en la docencia, pero con su ascenso social y económico se han convertido en verdaderos renegados.
