Será de regocijo nacional el día en que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana de a conocer su decisión sobre la instancia de declaratoria de inconstitucionalidad contra el instrumento de reconocimiento de nuestra vinculación a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que no fue enviado a la aprobación del Congreso como lo han dispuesto todas las constituciones.
El Constitucional ha demostrado que se ha sido creado para que jamás se le ocurra repetir a un gobernante que la Constitución es un pedazo de papel, y la que nos rige establece en la letra L de su Artículo 93 como una atribución del Congreso: “Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo”, lo que no ocurrió el 19 de febrero de 1999 cuando el gobierno suscribió la adhesión a la Corte Interamericana, ni en fecha posterior.
Los espigones nacionales de la campaña de descredito internacional contra la República Dominicana que usa como uno de sus instrumentos a la CIDH alegan que la suscripción en 1977 de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, nos afilia a todo el ramillete de instituciones que se cobijen en ese tratado, pero prueba de que no es así es que entonces no habría sido necesaria la suscripción que firmó el Ejecutivo en 1999, que no ha llegado a ser tal porque no ha tenido el aval congresual.
La decisión que le ha comunicado recientemente al país la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, no se limita a ser inaceptable como la ha definido el Gobierno en una primera reacción, es desconsiderada contra una administración gubernamental que se prestó al juego de permitirles sin ningún protocolo previo que vinieran a entrometerse en facultades soberanas de la nación dominicana, con la ingenua creencia de que ese tratamiento seria reciprocado en un enjuiciamiento más objetivo de cualquier querella contra República Dominicana.
Pero por tan poca cosa nos han tomado que nos han dado por sentencia un plazo de seis meses para “adoptar las medidas legislativas, inclusive, si fuera necesario, constitucionales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de modo de asegurar que todas las personas nacidas en su territorio puedan ser inscriptas inmediatamente después de su nacimiento independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de sus padres”.
¿Cuál es el propósito? Que con solo cruzar a parir como lo hacen cientos de haitianas todas las semanas, les tengamos lista al recién nacido su partida de nacimiento como dominicano.
La intromisión es tan grosera que atropella todo, a la soberanía nacional, al sistema democrático, burla al Gobierno y desafía la dignidad del pueblo dominicano, ignorando de lo que ha sido capaz para defender su derecho a la autodeterminación.
El colmo de la burla es emplazamiento a otorgarle documentación dominicana a un cirquero que fue llevado a México a testimoniar que de un país de negro lo habían sacado por negro, y que dijo ser hijo de unos señores a los que no conocía al presentarles las fotografías, así como hermano de personas que testificaron no conocerle.
La Junta Central Electoral lo tiene sometido a la justicia por fraude, mientras los cómicos de la CIDH nos emplazan a premiarlo.
Se aproxima el 170 aniversario de nuestra primera Constitución, demostremos a los forjadores de nuestra nacionalidad que respetamos su legado.
