El nombrado Ernesto Bienvenido Guevara Díaz,(Maconi) llegó el miércoles en la noche de Estados Unidos, junto a un grupo de 76 repatriados desde Estados Unidos.
Maconi fue solicitado por la justicia estadounidenses implicado en el expediente de narcotráfico junto a Quirino Ernesto Paulino Castillo
El Listín Diario, citando fuentes judiciales, informa que Guevara Díaz fue trasladado a la Procuraduría General de la República, bajo estrictas medidas de seguridad.
Maconi fue traido en un avión del Servicio de Inmigración y Aduanas, de Estados Unidos, escoltado por 12 agentes Marshals y del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos,(FBI).
El repatriado respondió ante la justicia norteamericana por cargos de narcotráfico, al ser cuestionado por la prensa respondió, “no tengo temor de nada, soy un hombre valiente y a mi familia que no llore, que estaré bien”. Guevara Díaz denunció entonces que el suyo era un caso de abuso de poder.
Maconi era considerado “un hombre de confianza” de Quirino Ernesto Paulino Castillo.
Este jueves en la mañana el procurador general de la República declaró que se estudian fórmulas para evitar que Guevara Díaz (Maconi), permanezca en libertad ni recupere sus bienes.
Domínguez Brito, sin embargo, aclaró que los bienes que ya fueron incautados a Guevara Díaz no le serán devueltos.
En ese sentido abogó por la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley sobre Extensión de Dominio, que le permitirá al gobierno la incautación de los bienes de aquellos acusados de narcotráfico luego que obtenga su libertad, y refirió los casos de Quirino Ernesto Paulino Castillo y Antonio Puente (Toño Leña).
También refirió la revisión al tratado de extradición entre Estados Unidos y República Dominicana, que data desde los primeros años del siglo pasado.
Domínguez Brito aclaró que por el caso de que Guevara Díaz fue extraditado a Estados Unidos no puede ser acusado nueva vez en el país porque así lo prohíbe la ley.
El procurador fue entrevistado esta mañana en el Senado durante una visita que hizo a la presidenta de ese organismo, Cristina Lizardo, en procura de la agilización para la aprobación del proyecto de ley de Reforma Penitenciaria, que envió el poder ejecutivo.
