El TCD y los derechos económicos y sociales

Lo que en la práctica permite establecer si en verdad el Estado Social existe en un país determinado es la existencia de derechos prestacionales, es decir el grado de responsabilidad con que el Estado acude –por intermedio de sus órganos- en auxilio de aquellos ciudadanos que viven en situación precaria o, mejor dicho: sin solución a sus problemas más elementales como son comida, salud, educación, servicios de electricidad, agua potable, seguridad ciudadana, seguridad social y un largo etc.

La existencia eficaz y efectiva de este tipo de derechos marca un antes y un después o, lo que es lo mismo, permite determinar si un Estado ha pasado del Estado Liberal al Estado social. Un Estado cuyos ministros se sigan manejando como en los mejores tiempos del Estado Liberal (al servicio del capital) no es-en la práctica-, un Estado Social aunque su Constitución así lo establezca pues el interés general de los vulnerables debe primar sobre el interés particular o de grupo.

A lo sumo, se puede llegar a ver visos de cumplimiento. Por ejemplo, aquel observador que analice cuanto dedica el Estado a la Educación de sus ciudadanos vulnerables, cuanto al sistema de salud de la población en general, cuanto dedica a la asistencia social, cuanto a la salubridad pública, pues existe un gran sinnúmero de enfermedades que pueden ser prevenidas con vacunas y con medidas sanitarias adecuadas, o con el suministro de agua potable, es obvio que se trata de un Estado donde lo social es determinante porque tampoco es necesario que el suministro sea generalizado, lo que sirve de índice es la progresión con que se efectúe, por ejemplo, el programa de construcción de escuela que lleva a cabo el gobierno es un síntoma de que se están tomando las medidas adecuadas en el plano educativo, claro, no se observa que se estén formando los instructores en deporte, cultura, obras audiovisuales, manualidades, etc., que la tanda extendida requiere, pero algo se está haciendo en este renglón.

Donde el Estado presenta grandes retrasos es en materia de salubridad pública, las medidas no llegan como prevención sino como respuestas a un determinado brote infecto contagioso y por ahí maría se va puesto que el alcance nunca es el necesario. Igual ocurre con el suministro de agua potable a pesar de que se sabe que los organismos internacionales que dan seguimiento al asunto toman este elemento como indicador de progreso humano.

En asuntos de consumo ocurren distorsiones, por ejemplo, no es posible que un órgano inoperante como Pro Competencia tenga un presupuesto mayor que Pro consumidor, el cual, como sabe toda la población, debería tener un trato preferencial en el presupuesto nacional, pues su impacto positivo en la población consumidora, está fuera de toda duda razonable; sin embargo, los reajustes presupuestarios no reflejan el desempeño como elemento motivador para el establecimiento de políticas públicas adecuadas. Es como si el Estado clientelar, el Estado despilfarrador, o el Estado Nodriza (Peter Drucker) sea el que se campea orondo por los predios del Palacio Nacional con el aplauso cómplice del Congreso Nacional, el cual, por cierto, es uno de los peores que hemos tenido en mucho tiempo, quizás porque ahora estamos bajo el gobierno de los jueces. Bajo estas premisas no puede hablarse de la existencia de un Estado Social en la práctica sino de la existencia de un Estado en transición cuyos operadores desconocen los objetivos programáticos de la Constitución.

Si nos vamos al plano de la seguridad social veremos que las políticas públicas diseñadas a inicios del Siglo XXI, han fracasado pues se planificó que para los días actuales existiría cobertura universal en materia de salud y el país está muy lejos de ello, por el contrario, se han privatizados los hospitales públicos, no existen los centros de atención primarias ni los especializados y los seguros constituyen una estafa. Porque se dejó fuera a los pacientes o usuarios de este servicio y a los prestadores reales: los médicos y se optó por un modelo rentista de dinero ajeno para el sector bancario y el propio gobierno.

Este problema tendrá solución en la medida la clase de los abogados descubran la cantidad de dinero que pueden ganar demandando a las entidades de riesgos de salud, de pensiones y laborales que están esquilmando a los reales propietarios de los dineros que mal administran en provecho particular, burlando así al Estado Social.

De manera que el Tribunal Constitucional hizo muy bien en dedicar su 2do Congreso al tema de los derechos económicos y sociales, claro, la representación de los actores y operadores locales de estos derechos dejó mucho que desear, pues más que abogados comprometidos con el cambio hacia el Estado Social hubo una representación de abogados empresariales sirviéndose un traje que no les queda. Es como cuando la iglesia es puesta en manos de Lutero.

Claro, esperamos que las críticas que bien merece el Tribunal Constitucional Dominicano por su impronta congresual sean compensadas con decisiones que apunten no a la mutilación del Estado Social sino a su consolidación. Es mucho lo que la nación espera de un tribunal que ha iniciado su andar con buen pie y que no debe sucumbir ante las tentaciones de poderes fácticos que gustan de cambiar todo para que todo siga igual (Roberspierre). Los intelectuales orgánicos de la pequeña burguesía del patio son mercaderes y como tales actúan pero el tribunal no puede darse ese lujo, pues de hacerlo habrá cavado su propia tumba y desnaturalizado de paso, los objetivos programáticos de la Constitución. DLH-30-11-2014