La directora técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales hizo la valoración en su participación en el Foro Regional Latinoamericano Sobre Protección Social: Seguridad Social y Defensoría Ciudadana que se celebra este miércoles y jueves
SANTO DOMINGO.- La directora técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, licenciada Rosa María Suárez, destacó como un desafío importante en el sistema de protección social dominicano la coordinación de las políticas económicas y las sociales para lograr una eficiente estrategia de salida de la pobreza.
La funcionaria se expresó así en su participación en la mesa de trabajo “Protección Social, Informalidad y Trabajo Decente”, que fue parte del Foro Regional Latinoamericano Sobre Protección Social: Seguridad Social y Defensoría Ciudadana que celebra este miércoles y jueves en el hotel Sheraton la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).
Sostuvo que con la capacitación técnico laboral que hace el programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) en los Centros de Capacitación y Producción Progresando (CCPP) y en los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), el Gabinete Social, que coordina la Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, se hace una transición entre la informalidad y la formalidad.
“Porque a pesar que estamos generando microemprendedurismo, que la gente le llama a eso trabajo informal, nosotros le llamamos a ello como un elemento transitorio para conectar con la formalidad”, expuso.
En la actividad también intervino la vicepresidenta del Consejo Internacional del Bienestar Social de Uruguay, Mirtha Sosa Crevoisier, quien aseguró que casi la mitad de la población ocupada de Latinoamérica trabaja en condiciones de precariedad, bajos ingresos, inestabilidad y ausencia de protección social.
Mientras que la directora técnica del Gabinete Social dominicano explicó que el sistema de protección social de la República Dominicana tiene tres pilares: El primero asistencial o no contributivo, que es el que maneja la Vicepresidenta de la República a través del Gabinete Social; el contributivo, que es el Sistema Dominicano de Seguridad Social; y un tercer pilar que es la regulación del trabajo. “Es un gran desafío incorporarlo al esquema de protección social todo lo que tiene que ver con la regulación laboral, ya que sin empleo no hay salida de pobreza, o sea que es un aspecto fundamental”, resaltó.
También explicó la evolución del sistema de protección social en el país a partir del 2004, ya que antes de esa fecha los programas de protección social eran más asistenciales a base de dádivas. “Después de 2004 cuando surgen las transferencias monetarias condicionadas a través del Programa Solidaridad comienza a generarse un nivel diferenciado de programas más focalizado a la persona; se creó el Sistema Único de Beneficiaros (SIUBEN) para focalización, y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), para que ejecute el pago de todos los subsidios”, indicó.
Asimismo, aseguró que “después de 2012 podemos estar hablando ya de un sistema de tercera generación de programas de protección social con la integración de Progresando con Solidaridad, que además de las transferencias monetarias condicionadas generó la construcción de capacidades, la empleabilidad, el microemprendedurismo, y que esos elementos son los que configuran un programa diferencial, una construcción de derechos, de ciudadanos”, sostuvo.
Otro punto que trató fue el tema de la informalidad y cómo ésta afecta todo lo que tiene que ver con la protección social.
Al contestar una inquietud de una de las participantes del foro que aseguraba que muchas trabajadoras domésticas preferían que no las registrasen en la Seguridad Social para no perder los subsidios sociales, Suárez aclaró que el que esa persona tenga un empleo formal no lo imposibilita de recibir la protección social del Estado destinada a las personas que viven en pobreza extrema y moderada.
“La elegibilidad para entrar a los programas de transferencia monetaria viene de pobreza estructural no de pobreza monetaria. O sea que el hecho de que una persona consiga un empleo no la inhabilitada para recibir las transferencias monetarias condicionadas porque no significa que sus condiciones estructurales han cambiado, que ella reciba eso no significa que su vivienda mejoró, el accedo de sus hijos a educación, a salud cambió, que es lo que le da origen a esa familia para que sea beneficiada del programa Progresando con Solidaridad”, puntualizó.
Agregó que el programa sí activa una alerta en el sistema que esa persona ya tiene un empleo, pero que ello no implica que ya cambió su condición de pobreza.
