Los funcionarios corruptos del actual gobierno y de los anteriores deben ser sometidos a la justicia y, en caso de demostrarse su culpabilidad, deben ser castigados con las más severas penas contempladas por la ley, en opinión de la Alianza Por la Democracia (APD).
En ocasión del Día Internacional contra la Corrupción, la organización política señaló que la impunidad de que hasta ahora han gozado los acusados de corrupción administrativa es un incentivo para que esta práctica continúe drenando los recursos públicos y empobreciendo a la población.
Además de prevenir la corrupción con estrictos controles, con gestión transparente y rendición de cuentas, es preciso castigarla ejemplarmente, opinó la fuerza política de oposición.
“Hasta la fecha, prácticamente ninguno de los altos funcionarios acusados de corrupción, ya sean autoridades locales o miembros de la administración gubernamental, han sido juzgados y sancionados”, explicó la entidad.
La APD manifestó que el reverso de la impunidad para la corrupción de los altos cargos es el abuso y la arbitrariedad en contra de delitos menores hasta llegar al extremo de las ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional en contra de jóvenes en su mayoría pobres y sin acceso a la educación.
Un efectivo Estado de Derecho realmente garantista persigue y castiga la violación de la ley sin excepción pero con absoluto respeto al derecho a la defensa, planteó.
Invitó a todos los sectores del país a manifestase a favor de la Jornada Nacional Impunidad Cero, participando masivamente en las actividades programadas para este martes 9, Día Internacional en Contra de la Corrupción.
La APD exhortó a sus militantes y a la ciudadanía en general a que enciendan las luces de sus vehículos durante el día y velas en la noche. En particular, la APD invita a acudir, a partir de las 6 de la tarde, al parque de La Lira, en Santo Domingo, para exigir el fin de la impunidad a la corrupción gubernamental. Igualmente, se invita a la ciudadanía a realizar actividades de encendido de velas en el resto del país en contra de la corrupción.
“La ciudadanía debe exigir que el ministerio público someta sin dilación a los funcionarios públicos señalados como corruptos y que los jueces los juzguen con imparcialidad y sin ningún privilegio”, dijo.
Observó que la sociedad dominicana debe mantenerse vigilante sobre el caso del proceso contra el senador y secretario de organización del gubernamental Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix Bautista para evitar que triunfe de nuevo la impunidad.
La APD planteó que a la vez que se apliquen las medidas y sanciones que contempla la actual legislación en contra de la corrupción, se legisle a fin de hacer más efectivo su combate.
Esta nueva legislación debería contemplar nuevas figuras y manifestaciones de corrupción no tipificadas suficientemente en el código penal y la complicidad directa e indirecta con la corrupción administrativa de parte del sector privado que muchas veces es beneficiario de este delito.
Entre las medidas más importantes que deben ser establecidas está la inversión del fardo de la prueba, a fin de que sean los funcionarios enriquecidos al vapor los que tengan que demostrar de dónde provienen los recursos que les permiten llevar un tren de vida lujosamente descarado.
De la misma manera, la ley deberá garantizar la celeridad de los procesos de persecución y sanción de la corrupción, a fin de que éstos no se prolonguen indefinidamente y la posposición indefinida de los procesos se convierta en una vía para evadir la justicia.