Los sectores más conservadores de la sociedad dominicana, representados por la jerarquía de la Iglesia y algunos políticos divorciados de sus propios referentes ideológicos, insisten en mantener a la República Dominicana en la lista de los únicos cinco países del mundo donde el aborto no se permite ni siquiera para salvar la vida de la mujer. Los demás países donde no se autoriza el aborto bajo ninguna circunstancia son Nicaragua, El Salvador, Antigua y Barbuda, y el pequeño Estado Europeo de Malta, en el Mar Mediterráneo.
Sin embargo, hay razones para creer que el propósito inconfesable de quienes mantienen esta recalcitrante posición no es precisamente defender la vida ni evitar la práctica del aborto, ya que de acuerdo a datos de la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, en la República Dominicana se registran unos 90 mil abortos ilegales por año, evidentemente ante la mirada indiferente de esos sectores.
Más bien parece tratarse de utilizar el debate sobre el aborto como bandera de vigencia mediática y recurso de manipulación sobre un segmento de la comunidad cristiana que profesa a sus dirigentes espirituales una obediencia cercana a lo irracional. Y por qué no, como un arma de chantaje contra el presidente Medina y el liderazgo político progresista.
Si el interés real del bloque conservador fuera la defensa de la vida, no solo se opusiera al aborto legal, que en la generalidad de los casos es el que menos riesgos representa para la integridad de la mujer, sino también, y con más determinación, al aborto clandestino, que constituye una grave amenaza contra la salud pública, ya que en algunas regiones del mundo provoca más del 50 por ciento de las muertes femeninas relacionadas con el embarazo.
Los datos divulgados por Profamilia confirman que la simple prohibición legal no resuelve el problema del aborto y probablemente lo agudiza en la medida en que restringe el acceso de las mujeres, especialmente las más pobres, a una adecuada atención médica para reducir los riesgos de las prácticas clandestinas y rudimentarias que persisten en el país.
Un ejemplo válido es el caso Turquía, donde la mortalidad materna se redujo de 67 a 20 por cada 100 mil nacidos vivos entre los años 1990-2010, luego de promulgar una legislación que permitía el aborto en embarazos de hasta 10 semanas y cumplido ese plazo sólo en casos de emergencias médicas.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que para el año 2008 la tasa de aborto en América Latina, donde casi todos los países restringen fuertemente su práctica, era de 32 por cada mil mujeres en edad fértil, mientras que en Europa Occidental, donde el aborto es generalmente permitido bajo amplias condiciones de salud, la tasa era de apenas 12 por mil.
Si la realidad de los hechos constatados en la República Dominicana y en el mundo fuera una referencia importante para decidir lo que debe hacerse sobre la problemática del aborto, entonces hay que coincidir necesariamente con las organizaciones que defienden los derechos de la mujer y con el presidente Medina al rechazar el proyecto de Código Penal que insiste en mantener al país bajo una absurda imposición legal que somete a la mujer a una virtual pena de muerte o la convierte en transgresora de la ley por ejercer el derecho a preservar su propia vida. (8 de diciembre 2014)
