La aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 ha logrado avances importantes para el cumplimiento de los objetivos generales propuestos, las acciones emprendidas, las políticas transversales y la cooperación internacional, según el Segundo Informe Anual de Avance en la Implementación de la Ley 1-12, dado a conocer este miércoles en un acto en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
El Informe indica que de los 90 indicadores que contiene la Estrategia Nacional de Desarrollo, 17 alcanzaron en el año 2013 el nivel correspondiente a la meta establecida para el año 2015, mientras que otros 55 avanzaron en la dirección deseada por su mejoría, mucho mayor que lo logrado en 2012 que fue solo de 39.
“De estos 55 indicadores, 23 avanzan a un ritmo promisorio, es decir, que de continuar evolucionando como lo han venido haciendo, tienen alta posibilidad de alcanzar la meta a 2015”, señala el Informe preparado por la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES), dependencia del MEPyD.
Entre los indicadores que muestran cumplimiento y notable mejoría en relación con las metas establecidas para el año 2015, están los relativos a Tasa solución casos Sistema Judicial: Corte de Apelación Penal, Tasa de homicidios, Tasa neta de cobertura educación nivel secundario, Participantes en acciones formativas INFOTEP/PEA de 15 años y más, Número medio de años de escolaridad de la población de 25 a 39 años, Esperanza de vida al nacer y Tasa de mortalidad asociada a la malaria.
El informe fue presentado por la doctora Magdalena Lizardo, directora de la UAAES, en presencia del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ingeniero Temístocles Montás y de los miembros del Consejo Económico y Social (CES), encabezados por su Presidente Monseñor Agrípino Núñez Collado y su directora Ejecutiva, Iraima Capriles; así como de representantes de organismos internacionales, de las universidades nacionales, organizaciones empresariales, de trabajadores y de otras instancias de la sociedad civil.
Una nota de la Unidad de Comunicaciones del MEPyD apunta que para algunos de los indicadores que en 2013 estaban presentando retrocesos, “en 2014 se observa un proceso de avance respecto al año base, como en el caso de Índice de percepción de la corrupción y Porcentaje de la población rural bajo la línea de pobreza moderada”.
En cambio, al menos siete indicadores se mantuvieron estancados en 2013 respecto al año base, y estos fueron Índice de Fortaleza Institucional, Número de regiones con porcentaje de población bajo la línea de pobreza extrema nacional mayor que 5%, Número de regiones con porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza moderada mayor al 20%, Porcentaje de niños y niñas de 6 a 14 años que trabajan y Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que no estudian y están desempleados.
Explica que en el conjunto de indicadores que pueden ser analizados desde una perspectiva de género, “se observa un comportamiento diferenciado entre las poblaciones femenina y masculina.
En la población femenina, en 2013 el 41.7% de los indicadores muestran un avance promisorio, 37.5% muestran avance moderado y 20.8% retroceso”, mientras que en la población masculina, el 29.2% de los indicadores muestra avance promisorio, 54.2% avance moderado y 16.7% retroceso.
“En el caso de las mujeres predominan los indicadores con avance promisorio, mientras que en el caso de los hombres predominan los que muestran avance moderado.
Comparado con el desempeño en 2012, en ambos grupos poblacionales en 2013 aumentó el porcentaje de indicadores que mostraron avance promisorio, mientras que el peso de aquellos con avance moderado aumentó en la población masculina y se redujo en la población femenina”, puntualiza el estudio.
Agrega que en 13 de los 24 indicadores evaluados desde una perspectiva de género, “no parece existir un sesgo a favor de un sexo sobre otro; en los restantes hay cinco que arrojan un sesgo favorable para los hombres y seis para las mujeres”.
En cuanto al objetivo general relativo a Democracia participativa y ciudadanía responsable, el de menor afectación por medidas de política pública, la decisión más importante fue la creación de la Comisión de Veeduría Ciudadana del Ministerio de la Presidencia.
“Es lamentable reconocer que el segundo año de ejecución de la END 2030 concluyó sin haber alcanzado un marco jurídico que lograra consolidar el sistema electoral y de partidos políticos” –dice el Informe- pese a que en 2012 se introdujo un proyecto de ley vinculado con el sistema de partidos políticos, pero perimió en la segunda legislatura de ese año y concluyó 2013 sin que fuese reintroducido.
Agrega que otro importante proyecto de ley que también perimió en 2013 fue el que trata sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social.
Sistema educativo de calidad
En lo referente al objetivo general de la Estrategia que se propone lograr un sistema educativo de calidad, el Informe revela que se ejecutaron políticas concretas para el inicio del proceso de concertación del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, “que involucró la concurrencia de múltiples actores representativos de toda la sociedad”.
Consigna que por primera vez se asignó el equivalente del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la función Educación en el Presupuesto General del Estado de 2013 y agrega que durante el año “se realizaron intensos trabajos para posibilitar la construcción de las aulas requeridas para superar el déficit y permitir la dotación de una infraestructura educativa adecuada”.
El apoyo al sistema educativo también tuvo un significativo impulso por la ampliación de la jornada extendida que incorporó a 482 centros educativos con un total de 165,402 estudiantes fueron incorporados a esta modalidad.
En el aspecto relativo a contribuir a promover el objetivo general de Salud y seguridad social integral, “los esfuerzos se focalizaron principalmente en impulsar la consolidación del sistema nacional de salud por niveles de atención”, además se concretó la eliminación definitiva de la cuota de recuperación que venían cobrando a los pacientes los establecimientos públicos de salud.
“En el campo de la Prevención de Embarazos en Adolescentes, se integró la Comisión Interinstitucional para la Coordinación del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes; se procedió a la instalación de tres nuevas unidades para la atención integral de adolescentes; y se lanzó la campaña Planea tu Vida, dirigida a orientar a niñas, niños y a la adolescencia dominicana sobre prevención de los embarazos a destiempo”, manifiesta el Informe.
Para lograr la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil entró en vigencia la Guía y Protocolos de Atención de Enfermería al Neonato y se formuló el Plan Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil.
Un aspecto importante en el plano de la salud fue la colaboración del Gabinete de Políticas Sociales para la gestión del equipamiento de insumos para fortalecer los puestos fijos de vacunas en más de 1,300 Centros de Atención Primaria en el país, el aumento del número de Farmacias del Pueblo y se implementaron programas sociales para poblaciones vulnerables afectadas por enfermedades de alto costo.
Capacidades científicas e investigación
Los avances en el cumplimiento de los objetivos generales de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 también son tangibles en materia de desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas, donde fueron puestos en ejecución múltiples programas, entre ellos, el financiamiento de 33 proyectos de investigaciones científicas por el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico Tecnológico (FONDOCYT), seleccionados de un total de 130 proyectos presentados a la Convocatoria 2013.
El Informe especifica que de esas investigaciones financiadas, nueve corresponden a biotecnología y recursos naturales; dos a ciencias atmosféricas y cambio climático; cuatro a ciencias básicas; una a energías y biocombustibles; dos a innovación productiva; dos a medio ambiente y recursos naturales y dos a producción sostenible y seguridad alimentaria.
“La investigación orientada a fortalecer la producción agropecuaria se plasmó en la ejecución por el IDIAF (Instituto Dominicano de Investigaciones Agrícolas y Forestales) de 44 investigaciones que incluyeron la validación y transferencia de tecnologías que contribuirán el mejoramiento de la competitividad de los agronegocios, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible”, explica el Informe.
Detalla que los estudios incluyen cultivo de arroz, cacao, café, raíces y tubérculos, leguminosas comestibles, plátano, banano, frutales y vegetales orientales.
Apoyo a la Pymes
Para avanzar con el objetivo general de lograr Empleos suficientes y dignos, en especial el aspecto orientado a fortalecer la capacidad de inversión y competitividad de las PYMES, los resultados son que se modificó el reglamento de evaluación de activos, con la finalidad de adoptar los parámetros definidos por la Ley 488-08, sobre el Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las MIPYMES, con el propósito de superar las dificultades de acceder al financiamiento que era el factor restrictivo para su desarrollo.
“El nuevo reglamento incrementa hasta RD$25 millones el monto a considerar para determinar un mayor o menor deudor, lo que posibilita que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a un monto mayor siendo evaluadas como menores deudores por historial de pago”, apunta el Informe.
Otros factores que contribuyeron a la participación más activa de las Pymes en la economía fue que el Ministerio de Industria y Comercio articuló cuatro ventanillas para fortalecer los canales de acceso al crédito para las MIPYMES: Banco de Reservas, con RD$ 4,000 millones; Fundación Reservas, con RD$ 600 millones; Banca Solidaria, para microcréditos grupales e individuales con RD$ 2,000 millones; y el Banco Agrícola con RD$ 1,000 millones.
Cita que al cierre de noviembre de 2013, “se habían desembolsado RD$2,058.8 millones. En adición, PROMIPYME, entidad crediticia adscrita al Ministerio de Industria y Comercio que atiende solicitudes de crédito inferiores a RD$300,000, benefició a 9,304 microempresarios, de los cuales, el 70% de los créditos fueron otorgados a mujeres”.
Señala que una política fundamental fue la dirigida a facilitar la incorporación de las MIPYMES como proveedoras de bienes y servicios al Estado, por lo que el Ministerio de Hacienda procedió al desarrollo y difusión del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), “que facilita el proceso de compra, introduce mejoras al portal transaccional y simplifica los requisitos para la inscripción en el registro de proveedores del Estado para favorecer a las MIPYMES”.
Políticas transversales de la Estrategia
En lo relativo a las políticas transversales que son comunes a todos los planes, programas, proyectos y medidas de políticas públicas según lo establece la Ley 1-12, hay avances significativos en Derechos Humanos, Enfoque de Género, Sostenibilidad Ambiental, Cohesión Territorial, Participación Social, y Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En el aspecto género, el Informe dice que el Ministerio de la Mujer desplegó durante el período significativas iniciativas orientadas a concretar el mandato, y cita que presentó propuestas de inclusión de la perspectiva de género en los procesos de reforma y adecuación del marco jurídico nacional, vinculados a ese objetivo, específicamente en lo tocante al proyecto de Ley de Agrupaciones y Partidos Políticos, la Ley de la Policía Nacional, el Código de Trabajo, el Proyecto de Ley que crea la entidad reguladora, canalizadora de protección a madres solteras y la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
“Para impulsar la política transversal sostenibilidad ambiental, en 2013 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales constituyó la Mesa Nacional del Reciclaje, que agrupa a todos los actores de la cadena de valor de los residuos sólidos, con miras a promover políticas e incentivar proyectos de reciclaje en el país”, manifiesta el documento, que considera que esa acción fue acompañada con la realización de talleres, charlas y conferencias en el marco de lo que se denominó la primera Semana Nacional del Reciclaje.
Además, se logró la modificación del Anteproyecto de Ley General sobre Residuos Sólidos Basura Cero, actualmente bajo estudio en la Comisión Ambiental del Congreso Nacional.
Informa que se avanzó en el diseño de una Política para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales, con el objetivo de que las acciones de transversalización para la sostenibilidad ambiental traspasen las fronteras del marco institucional del gobierno central, alcanzando también a gobiernos municipales.
En materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC) avanzó en el establecimiento de un marco para la definición de las estructuras de las áreas de tecnología en el Estado dominicano.
Una acción importante iniciada durante 2013 que impacta espacios instituciones múltiples vinculados a las TIC se orientó a regular, estandarizar y normalizar las TIC en la administración pública, por lo que “se desarrollaron las normativas para la creación y administración de Portales Web del Estado (NORTIC A2:2013), que tienen como propósito normalizar y estandarizar los portales del Estado Dominicano”.
En lo relativo la cohesión territorial, el Informe afirma que la política transversal se encaminó a la revisión del Borrador del Anteproyecto de Ley de Regiones Únicas de Planificación a lo interno del MEPyD, el sometimiento ante el Senado de la República del Anteproyecto de Ley que crea el Instituto Geográfico Nacional y la integración de diversos Consejos de Desarrollo.
En cuanto a la participación social, la política transversal se contó con la presentación y puesta en funcionamiento de las Comisiones de Veeduría Ciudadana, bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia.
“De esa forma se inició lo que será la Red de Veedurías Ciudadanas del Estado, un mecanismo de participación social a través del cual representantes de la población dan seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos y funciones de las diferentes entidades estatales”, apunta el Informe.
Otra iniciativa en el ámbito de la participación social fue el diseño e implementación de herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) “encaminadas a propiciar la participación activa de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, como aporte a la trayectoria hacia un verdadero Estado de Apertura”.
