Primer gran ultraje: la designación, a conveniencia esta vez no de un gobierno, ni de un partido, sino de un grupo político (Leonel Fernández, socios, anexos, conexos, similares y relacionados) de los jueces de las llamadas “Altas Cortes” (una vieja y dos nuevas, por si hicieran falta), con el propósito específico y único, no de perfeccionar la Justicia, sino simplemente de blindarse ante cualquier eventual demanda por sus actos de gobierno o desgobierno. Resultado: una sociedad ultrajada por una Judicatura degradada a tal extremo que la designación de cualquier juez pasa, primero que nada, por ese cedazo político.