Por Ernesto Vera Mellado*
La Habana (PL) Lo acontecido en los diálogos de paz para Colombia durante este, su segundo año, demuestra la posibilidad de alcanzar acuerdos que permitan poner fin al conflicto y, al mismo tiempo, a los peligros de efectuarlos bajo los imperativos de la guerra.
Esas conversaciones -iniciadas el 19 de noviembre de 2012 en La Habana- vivieron una crisis al cumplir su segundo aniversario, luego de que el presidente Juan Manuel Santos decidiera interrumpirlas tras la captura del brigadier general del Ejército Rubén Darío Alzate, a cuenta de las FARC-EP.
El impasse fue superado tras la liberación del militar junto con dos personas que lo acompañaban en el momento de su captura (entra ellas una civil), y de otros dos soldados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
La crisis provocó movilizaciones populares y reavivó la polémica en la sociedad colombiana sobre la necesidad de pactar un armisticio que detenga el derramamiento de sangre y brinde un ambiente propicio al debate; un reclamo en el cual insisten las FARC-EP desde la instalación de la mesa de diálogos.
De hecho, al concluir el ciclo 31 de estas conversaciones, el 17 de diciembre pasado, esa guerrilla decretó, por quinta ocasión, un cese unilateral del fuego, esta vez por tiempo indefinido, el cual entró en vigor el 20 de diciembre.
No obstante la reiterada negativa del gobierno colombiano a secundar esas iniciativas, la superación del impasse permite aquilatar la voluntad de las partes de perseverar en el esfuerzo para acercar posturas que permitan una salida política a más de medio siglo de confrontación armada.
También puso de relieve el compromiso de los países garantes (Cuba y Noruega), cuya gestión mediadora, efectuada por acuerdo de los equipos negociadores, facilitó la entrega exitosa de las cinco personas al Comité Internacional de la Cruz Roja.
Luego del incidente, el gobierno colombiano y las FARC-EP decidieron discutir en La Habana medidas iniciales para reducir la intensidad del conflicto, y crear un mecanismo permanente que facilite la solución de eventuales crisis, con la participación de los garantes.
Pese a la complejidad de los debates y del escenario político colombiano, los diálogos de paz ya posibilitaron acuerdos parciales el pasado año en los temas de reforma rural y participación política de la guerrilla y, en mayo de este año, en el relacionado con los cultivos ilícitos y el narcotráfico.
La reelección de Santos en los comicios presidenciales de junio, en su segunda vuelta, posibilitó la continuidad del proceso que centra actualmente los debates en el sensible asunto de los derechos de las víctimas del conflicto.
Este es el cuarto de seis puntos de la agenda pactada, que incluye los temas referidos al fin de la guerra, y los mecanismos de refrendación, implementación y verificación de un eventual acuerdo final.
Los consensos alcanzados hasta el momento entre las delegaciones de paz encabezadas por el ex vicepresidente Humberto de la Calle y el comandante guerrillero Iván Márquez permiten calificar ya a este proceso como el más exitoso de cuantos se han efectuado en ese país.
Pero es desde agosto pasado cuando adquirió una nueva dinámica con la puesta en marcha de iniciativas que incluyen la comparecencia en la mesa de conversaciones de representantes de los afectados directos por la guerra.
Entre ese mes y diciembre del presente año acudieron a La Habana, en cinco grupos, un total de 60 víctimas seleccionadas por la ONU en Colombia, la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal, entre un universo de más de seis millones.
Ese hecho -inédito en la historia de esos procesos- constituyó un paso crucial en el reconocimiento de sus derechos y demostró el respaldo de la sociedad colombiana al empeño de solucionar el conflicto mediante acuerdos políticos.
Con el objetivo de consolidar los logros y dinamizar las discusiones, en agosto pasado se instaló, además, la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, que investiga el origen y las causas de la guerra, así como factores y condiciones para su dilatada existencia y los impactos más notorios sobre la población.
En esa ocasión también se creó una subcomisión de género, cuyos delegados acudieron a La Habana el 15 de diciembre.
Por otra parte, tras más de cinco décadas de confrontación armada, por primera vez altos mandos militares de Colombia y de la guerrilla de las FARC-EP se reúnen en una subcomisión técnica que adelanta el análisis sobre los asuntos relacionados con el tema del fin de la confrontación.
En la segunda mitad del mes de enero de 2015, en fecha aún por definir, ambas delegaciones reanudarán el trabajo de la Mesa con el propósito de buscar una salida política al conflicto que provocó, según datos del Centro de Memoria Histórica de Colombia, unas 220 mil muertes y casi seis millones de desplazados.
De acuerdo con los pronósticos de los más optimistas, el próximo año podría verse coronado el esfuerzo pacificador, que debió esperar 10 años tras el fracaso del último de esos intentos.
La creciente participación de la sociedad colombina será crucial para el logro de una paz estable y duradera en Colombia, un empeño que cuenta con el apoyo de organizaciones e instituciones internacionales y el respaldo de gobiernos de todo el orbe.
* Periodista de la Redacción Nacional de Prensa Latina.
