Es comprensible y razonable el reclamo de la comunidad de Las Terrenas para que se produzca una disminución en la tarifa del servicio eléctrico que opera la Distribuidora Luz y Fuerza, un sistema aislado que durante más de 20 años ha hecho posible un servicio 24 horas, 7 días a la semana, y que ha sido la principal plataforma del desarrollo turístico que en ese lapso ha registrado la península Norte de Samaná.
Pero la fórmula apresurada que han adoptado las autoridades para complacer el reclamo de la comunidad, no solo plantea un problema de carácter legal, ya que en principio implica la violación de un contrato entre Luz y Fuerza y el Estado Dominicano, sino también una falsa solución, al colocar ese importante polo turístico bajo la dependencia de la distribuidora Edenorte, que obligaría a las autoridades a elevar la carga del subsidio eléctrico sin garantizar la estabilidad del servicio, como ocurre en la mayor parte del país.
La alternativa contemplada procura insertar al municipio de Las Terrenas en el esquema de gestión del sistema eléctrico interconectado nacional, donde el Gobierno subsidia la ineficiencia de las distribuidoras estatales y el precio de la factura eléctrica con más de mil 500 millones de dólares anuales, sin asegurar un servicio estable, por lo menos con la misma calidad que ofrecen los sistemas aislados que no reciben ningún subsidio y que en el caso específico de Luz y Fuerza aporta al fisco anualmente más de 30 millones de pesos.
Es evidente que la presión social y la prisa con que se han desarrollado los acontecimientos en Las Terrenas, le han impedido a las autoridades responsables considerar otras opciones planteadas en el pasado reciente por la propia comunidad y por el liderazgo institucional y económico de la zona y que representan una solución no solo apegada al marco legal del sector eléctrico, sino también mucho más viable, sostenible y racional desde el punto de vista del interés social y del propio Estado.
Hace unos tres años, por ejemplo, las principales organizaciones empresariales de Las Terrenas, propusieron al entonces presidente de la República, doctor Leonel Fernández, algunas medidas prácticas que no implicaban un sacrificio financiero significativo para el Gobierno a fin de abaratar el precio de la energía en Las Terrenas, El Limón y Las Galeras.
Las medidas propuestas planteaban específicamente reducir los impuestos que gravan los costos de producción y distribución de electricidad en la zona, autorizar la rápida integración de la energía del Parque Eólico de Las Galeras a las redes de Las Terrenas y facilitar a la Generadora Eléctrica de Samaná, suplidora de Luz y Fuerza, una cuota de gas natural al mismo precio que lo recibe la distribuidora EDESTE, en la fórmula de indexación del precio del kilovatio hora.
Aunque estas sugerencias no generaron ninguna reacción del Gobierno, no hay que ser un experto en gestión eléctrica o administración pública para deducir que resultarían mucho menos costosa y probablemente más eficaces para resolver el problema de la zona, que la decisión de producir la interconexión ilegal con Edenorte,
técnicamente no bien ponderada, que por demás contraviene el régimen de derecho que ampara la inversión privada, sino también la declarada voluntad del Gobierno de reducir el insostenible déficit del sector eléctrico estatal.
Las autoridades deberían repensar la salida, en mi opinión equivocada, que se ha tratado de ofrecer al problema eléctrico de Las Terrenas, y quizás harían bien en tomar en cuenta una sabia reflexión compartida por Pepín Corripio en una reciente conferencia: "Cuando hay un problema que tiene una respuesta complicada, hay dos problemas".
