La literatura universal y francesa en particular se ocupó luego de la Revolución Francesa de 1789 de analizar el calvario de las víctimas penales del sistema llamado inquisitorio y la irracionalidad de las penas que implicaba.
Pero ningún libro explica mejor la irracionalidad del persecutor pre judicial que la sostenida por Víctor Hugo en su clásico libro sabiamente titulado “Los Miserables”, pues el persecutor incansable queda con la decisión de acusar por acusar, perseguir por perseguir, siendo incapaz de darse cuenta de las mutaciones que va presentando la figura del delincuente. Es decir la obra presenta a un persecutor involucionado, petrificado y concentrado en perseguir y a un delincuente capaz de reivindicarse hasta convertirse no solo en un hombre de bien sino en un humanista, en un filántropo, en un buen padre de familia e incluso en un revolucionario. Mientas su contraparte, el persecutor irracional permanece como un retrato de una época borrada en el tiempo. La obstinación, el animus necandi, esta vez pertenece al persecutor quien no cesa de perseguir pues poseedor de una fijación irascible se concentra en toda objetividad sobre lo pasado. Nada hay ahí de investigación ni de ciencia solo el deseo de dañar.
Así podría definirse hoy la política del Ministerio Público Dominicano con la agravante de que así como el persecutor de Vayan solo se concentró en perseguirlo, el nuestro ejecuta políticas anti delincuencia en extremo selectivas mientras la sociedad toda padece los males de la delincuencia de toda laya. El tema sigue concentrado en tres vectores: cárceles, policía y política.
El Ministerio público entiende que su deber, referido a políticas públicas anti criminal no es la prevención del delito sino el ocuparse de los internos ya confinados. Así, una gran publicidad recibe las visitas y los supuestos cambios en las condiciones de vida de los confinados o internos. Es decir, en este punto el accionar de la política pública anti delito consiste en realizar labores propias de la Dirección de Prisiones. El resultado es que el sistema penitenciario se ve invadido por el Ministerio Público y a fin de cuentas ninguno realiza sus funciones sino que simplemente se miran cara a cara.
El otro renglón favorito de las funciones del Ministerio Público consiste en centrarse en polemizar con la Policía Nacional, el MP entiende que la policía se excede, que va más allá de sus funciones, olvidando que si ello ocurre es por ineficiencia suya; en cambio, la ciudadanía que padece la inseguridad, entiende que la policía es el único refugio ante la incompetencia del Ministerio Público. Es decir exige actuación policial porque al Ministerio Público hay que llevarle las pruebas a su despacho y muchas veces, aun llevándoselas no existe garantía de que se arme un expediente. Dicho con otras palabras: palos si bogas y bogas y no palos. La Policía es un cuerpo que sufre constantes diatribas pero a la vez, es el más solicitado por la ciudadanía entonces el Ministerio Público debería ocuparse de resolver ese dilema. Algo anda mal cuando la ciudadanía rechaza al cuerpo del orden pero a la vez se refugia en dicho cuerpo. Todos los días hay comunidades reclamando la construcción de un cuartel o bien exigiendo mayor presencia policial. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no hace nada en materia de política pública de prevención del delito, no investiga, no ejerce autoridad sino arbitrariedad.
El tercer punto, la política ocupa un renglón importante porque da lugar a cacería de brujas al interior del Ministerio Público pues quien no esté alineado es hostigado hasta salir de las funciones. El que se va queda liberado del martirio pero el que se queda, permanece sin fuerzas porque la lógica de la sobrevivencia le tiene exigencias diferentes a las funciones establecidas en el Código Procesal penal, la ley del Ministerio Público y la ética.
En conclusión 2014 ha sido un año muy malo para la justicia porque el Ministerio Público no ha actuado a la altura de su deber. Mal puede un juez condenar a alguien cuya culpabilidad no ha sido probada. No corresponde ni a los jueces ni a la policía probar culpabilidad. Ahí radica el problema de la administración de justicia. Viajar por Polonia y el resto de Europa puede ser un buen acto de persecución, pero carece de sentido cuando anticipadamente se sabía cuáles serían los resultados del mismo y no saber es aún peor, pues sería prueba palmaria de incompetencia.
Armar expedientes de corrupción caducos (porque nadie puede ser juzgados dos veces por el mismo hecho), es show mediático y daño a la imagen, al derecho al buen nombre y al honor de las personas. Hacerlo esperando resultados políticos beneficiosos es incalificable. El país espera que el Presidente Medina tome cartas en el asunto pues la ciudadanía está a la espera de una verdadera y real política de seguridad ciudadana, no quiere políticos en el Ministerio Público, ni desea seguir padeciendo inseguridad. Como tampoco es dable dejar a la policía resolver los problemas delincuenciales con intercambios de disparos, en allanamientos sin orden ni supervisión, etc., pero para llegar ahí requerimos, como sociedad de un Ministerio Público que no desarme a la población pues es como entregarle el campo libre a la delincuencia. Que no haga política, que sea tolerante con los que tiene diferencias de ideas. DLH-29-12-2014
