Al comenzar un nuevo año es normal que la gente se trace metas en procura de ascender en la escala social, económica, cultural, política, artística y deportiva. Depende de la vocación y de las aspiraciones particulares de cada persona. Pero crecer, indistintamente del área, no se alcanza mediante el anhelo o simple sueño, demanda del trabajo tesonero y arduo.
Lo primero es que toda persona debería de tener sus metas definidas. Y preguntarse: ¿Qué hice y qué no hice el año pasado para cristalizar determinadas aspiraciones? Nada de lamentaciones por los posibles yerros cometidos durante el 2014, lo que procede es enmendar los errores.
Aquellos que de una u otra forma hacemos algún tipo de ejercicio de la actividad política —ya sea desde el partidarismo o aportando simples opiniones desde los diarios nacionales— también requerimos de un balance desapasionado de las tareas realizadas, no realizadas o dejadas en el camino. Y preguntarnos: ¿Qué pudimos hacer y no hicimos durante el año que acaba de transcurrir?
Muchos piensan que el mayor problema de la República Dominicana es la corrupción pública y no es así. La corrupción estatal es una simple consecuencia de la debilidad institucional. La falta de justicia o justicia parcializada, que garantiza impunidad, estimula los actos dolosos desde los organismos públicos.
De ejemplo pongo a la justicia, pero son todas las instituciones o poderes públicos que incumplen con sus atribuciones, porque hay un problema de aberrante distorsión en el perfil de los miembros que conforman órganos decisorios en el marco del sistema democrático. Si esos órganos no funcionan, sencillamente no hay ninguna democracia.
Se piensa que tenemos democracia porque desde el poder no se persigue a los opositores al régimen, se respeta al grueso de los derechos humanos y la libertad de expresión es innegable. Pero se trata de aspectos relativos y posiblemente circunstanciales, pues hay que tener muy presente la situación política vivida el 20 de mayo de 2012, un indicador evidente de uso de la fuerza en caso necesario.
Pero algo más: históricamente en el ámbito universal el nivel de democracia se mide por la independencia de los poderes del Estado. ¿En República Dominicana los poderes son independientes? Todos sabemos que no. El cien por ciento de los poderes públicos está centralizado en el oficialismo.
Es una situación que contrasta con la propia correlación de fuerzas políticas. Los opositores al oficialismo son la mitad de la población de acuerdo a los últimos comicios, pero apenas cuentan con algunos diputados, alcaldes y regidores en todo el país. No hay ningún equilibrio.
Lamentablemente ahora los opositores se entretienen con las elecciones del 2016, pero si no hay una recomposición de los órganos electorales, resulta imposible la celebración de elecciones libres, por lo que el 2015 debería de ser declarado como el año del rescate de las instituciones dominicanas.
La forma dictatorial como actúa el presidente de la Junta Central Central, pese a ser un organismo colegiado, es suficiente motivo para la protesta. Y ni decir de la manera imprudente y parcializada en que se desenvuelve el Tribunal Superior Electoral, organismo que ha dado razones sobradas para la realización de una huelga nacional en procura de la renuncia de los cinco miembros y la designación inmediata de abogados independientes y honorables.
Al empezar el 2015 todos tenemos metas. Y un plan de lucha nacional debería ser la principal meta de los opositores al oficialismo. Lástima que se trate de una meta mediante una huelga pacífica y por tiempo indefinido. Sin embargo, doy seguridad de que obligaría a la negociación a los sectores de poder, que nunca cederían por la buena lo que le pertenece al pueblo dominicano: sus instituciones democráticas, secuestradas por Leonel Fernández y el PLD.
Es el anhelo del suscrito, pero dudo que la oposición —que actúa en función de lo que piensa el empresariado y la cúpula de la Iglesia Católica— asuma como propia la idea que aporto.
Pero si no se actúa como demanda el momento político y se acude a elecciones con esos funestos órganos, simplemente se estaría postergando la crisis institucional y, por vía de consecuencia, el restablecimiento de la democracia dominicana.
