Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas manejó un total de 80 casos durante el año 2014, con la colaboración de las distintas fiscalías a nivel nacional lograron 14 sentencias condenatorias con penas que oscilan entre dos a 30 años para los imputados en diferentes procesos.
Jonathan Baró Gutiérrez, titular de esa dependencia de la Procuraduría General de la República, al detallar el informe anual de las acciones, dijo que del total de casos recibidos 42 corresponden a tráfico ilícito de migrantes, 18 a trata de personas, 18 a explotación sexual comercial y 2 a pornografía infantil.
También reportó el rescate de 48 víctimas de explotación sexual y uno sexo masculino. Igualmente señala que el Gobierno dominicano, a través de esa dependencia del Ministerio Público, y el apoyo de otras dependencias gubernamentales rescataron a 14 víctimas nacionales que eran abusadas sexualmente en Haití, China y una en El Líbano, esta última decidió retornar voluntariamente por su cuenta a la República Dominicana.
Detalla, de igual manera, que los tribunales del país dictaron 160 medidas de coerción contra los imputados, con prisión preventiva, garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida. Mientras que solo cuatro fueron por libertad pura y simple. De los casos judicializados, el 71% corresponde a víctimas de sexo femenino, mientras que el resto es del sexo opuesto, con 70 y 28 víctimas, respectivamente.
Aclara que por trata de personas recibieron cuatro casos con fines de explotación sexual, nueve de mendicidad, uno de trabajo forzado, uno para prácticas análogas o esclavitud, así como tres para comercialización de niños, niñas y adolescentes enmascarados en posible adopción irregular.
Los casos que manejaron por jurisdicción corresponden, 27 en Santiago, 14 en Higüey, siete en la provincia Santo Domingo e igual cantidad en San Pedro de Macorís, seis en María Trinidad Sánchez, cinco en el Distrito Nacional y otros cinco en Samaná, tres en Puerto Plata, dos en El Seibo, uno en Villa Altagracia y otro en Hato Mayor.
Dentro de las condenas por jurisdicción citó a Higüey con tres casos, Distrito Nacional con dos al igual que San Cristóbal, y un caso para cada una de las provincias de Santiago, Elías Piña, Villa Altagracia, Barahona, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y La Romana.
Una de las sentencias condenatorias a 30 años de prisión fue en provincia La Altagracia, contra Milka Rosario, quien fue acusada de incesto, actos de tortura, barbarie, explotación sexual comercial, filmación y posesión de pornografía infantil, violando los artículos 304 del Código Penal Dominicano, así como 410 y 411 de la Ley 136-03. Además, una sentencia de 5 años en contra de la ciudadana de nacionalidad china Xiomei Huang Chou acusada de cometer trata de personas para fines de trabajo forzado.
Asimismo otra contra Freddy Antonio Pérez (Piti), Winston Cabral Flete (El Calvo) y Mary Bidó, con 15 años de reclusión y la última a dos, por trata de personas y explotación comercial de niños, niñas y adolescentes, en audiencia celebrada en Santiago de los Caballeros.
Con igual número de penas fueron sentenciados, Junior Javier Rufino, en San Cristóbal, así como Víctor Modesto De La Cruz Rondón (Longo), en Higüey, ambos por tráfico ilícito de migrantes.
Mientras que en Elías Piña, fueron condenados a 10 años de reclusión, Eudy Oviedo Carvajal y Yunior Martínez Almonte. Con igual pena, en María Trinidad Sánchez, fueron sentenciados Carlos Severino y Ramón Rafael Carrión Brito, en La Romana, todos por tráfico ilícito de migrantes.
Las condenas a cinco años, acusados de pornografía infantil y abuso de niños, niñas y adolescentes fueron dictadas contra Alfred Lihiman y/o Alfred Wendelin Neukuar, en Puerto Plata, así como Rafael Arias Fernández (Rinel), en el Distrito Nacional.
Otras de las condenas a tres y dos años de prisión fue impuesta contra Tao Pierre y/o María Pierre, en el Distrito Nacional; Juan Montilla Frías, en Villa Altagracia; José Luis Cuevas Cuevas y Arístides Novas Segura (Flaco), en Barahona, además de Tomás González Yinet (Veronil), en San Cristóbal, por explotación sexual comercial y tráfico ilícito de migrantes.
La Procuraduría Especializada durante el 2014, ha podido determinar Trescientas Diecisiete (317) posibles víctimas captadas en República Dominicana, para ser explotadas en el Líbano.
El Magistrado Baró valoró el apoyo recibido por Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Migración, el Servicio de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional por sus siglas en inglés ICE-HSI, la Organización Internacional para las Migraciones, UNICEF, CONANI y Misión Internacional de Justicia.
