Santo Domingo, 3 ene (PL) Con la llegada de 2015 gravitan hoy dos nuevas preocupaciones entre los dominicanos: una desgravación arancelaria a importaciones y la entrada en vigencia del aumento a un impuesto interno a productos de la canasta básica.
Cada uno de ellos por separado y la conjugación de ambos tendrán incidencia en el aspecto fiscal, la producción, la competencia comercial y el consumo, opinan expertos.
En ese escenario comenzó la aplicación de la más importante desgravación desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio DR-Cafta (con Estados Unidos y Centroamérica) con la liberación a tasa cero de mil 18 líneas arancelarias.
Ocurre que de ellas, 207 corresponden al sector agroalimentario y significa que el 82 por ciento del comercio agropecuario y agroindustrial queda liberalizado pese a las quejas de los productores locales que consideran que el país todavía no está preparado para eso.
Los economistas tratan de aminorar sus preocupaciones con la explicación de que hay salvaguardias especiales agrícolas que permiten la creación de un arancel adicional en caso de que las importaciones de esos productos pongan en peligro la producción nacional o la economía de una determinada región.
Sin embargo, no pueden negar que esta desgravación repercutirá sin dudas, por las diferencias en los niveles de productividad existentes entre Estados Unidos y República Dominicana, e incluso entre este país y algunas naciones centroamericanas.
Ocurre que paralelamente a eso se aplica un gravamen más elevado al consumidor, porque el plan previsto de recaudación no se cumplió el pasado año.
Se trata del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis o "itébis" como le dice la población) que en algunos productos debía bajar a 16 por ciento y quedó en 18 por ciento y en otros subió del 11 al 13 por ciento.
Sus efectos se verán en los próximos días en el incremento de los precios de productos esenciales en un país que ya resulta demasiado caro para el poder adquisitivo de la mayor parte de su población.
Precisamente las centrales sindicales han denunciado que el costo de la canasta familiar asciende a 26 mil pesos mensuales (595 dólares), mientras gran parte de los empleados devengan un salario mínimo inferior a 10 mil pesos (228 dólares).
