Bayahibe nos muestra que la ausencia de una política pública institucional sobre el uso de las playas nacionales no es un problema nuevo sino el síntoma de que carecemos de instituciones fuertes pues sobre ese polo turístico se diseñó (en el pasado) una clara política de uso de playas, que gracias a los constantes cambios en el tren gubernamental, se ha diluido ocasionando graves inconvenientes a los bañistas y a la industria sin chimeneas como era fácil prever.
Pues el sector privado se ve forzado a tomar medidas de protección –al parecer injustificables- pero lógicas dada la ausencia reguladora y de guarda de las instituciones públicas concernidas.
Es la política de permitir que se agraven los conflictos para que sea el presidencialismo providencial quien actúe circunstancialmente remediando momentáneamente el problema, la fuente del mal, el origen del problema.
Dejando a las instituciones como inoperantes elefantes blancos para hacer proselitismo político y peticiones de puestos dentro y fuera del país. A lo cual se añade el que la burocracia así montada carece de competencia técnica en la materia.
Pues como se entenderá, en la situación de conflicto así surgida, todas las partes tienen no solo razón sino derechos tal y como lo prevé la Constitución de la República en el párrafo de su artículo 15. Pues las playas son públicas siempre respetando la existencia contigua de la propiedad privada.
De donde se infiere que el Estado por intermedio de sus órganos tiene la obligación de garantizar el orden público así surgido, la guarda de la cosa pública como de la propiedad privada y la seguridad ciudadana en materia de uso pacífico del recurso playa, entendido como de uso general. De modo que tanto la empresa privada, como los ciudadanos irritados por la ausencia de acción reguladora del Estado, tienen razones suficientes para sentir que sus derechos están siendo vulnerados por un Estado ineficiente, incompetente y carente de sentido común.
Por tanto, el Estado es responsable ante la sociedad del conflicto surgido allí y en todo el territorio nacional, pues las medidas que aplican los particulares propietarios de villas, hoteles y otros negocios turísticos son extremas debido a la incompetencia estatal en la materia y tienen derecho a preservar sus propiedades pues la educación en materia de uso de recursos públicos es aquí abusivo y de irrespeto hacia la propiedad privada.
Un sector que contribuye con la economía como lo hace el turismo no debe sufrir este tipo de indefensiones, como tampoco se puede privar al ciudadano –en singular y en plural-, del uso de un bien constitucionalmente definido como común. Pero el término común ha de ser interpretado en el sentido de que el Estado por intermedio de los órganos pertinentes (Marina, Ambiente y Mitur) garanticen los derechos de cada uno y de cada cual. Esto es precisamente lo que no se hacen ni en Bayahibe ni en ningún otro punto del país, el Mitur, Ambiente ni la Marina, tampoco los ayuntamientos. El todopoderoso Central Romana se atreve a mucho pero su posición es compartida por otros propietarios hastiados de un Estado recaudador e incluso corrupto que nada hace para garantizar los derechos ciudadanos, carente de planes de temporadas, de mediano y largo plazo, porque estamos en proselitismo político permanente.
Ojalá el acontecimiento de Bayahibe sirva de catarsis para de verdad garantizar los derechos de las partes en Bayahibe y todo el país. Pero es difícil pues muy a pesar de que el señor Presidente de la República dijo que trabaja para “llegar a 10 millones de turistas”, las medidas concretas para lograr tal objetivo, se ven empañadas por situaciones como la que ahora comentamos, la cual, es prueba de que la palabra del Presidente no siempre es interpreta como directriz vinculante por sus ministros. Los cuales solo actúan cuando la sangre llega al río o cuando el Presidente da boches públicos. Lo cual es también dañino para nuestra democracia pues el Presidente no puede asumir personalmente todo, sin embargo, en nuestro país se entiende que sin el intervencionismo presidencial, nada se logra. Dicho razonamiento no es casual es el producto de una reflexión sobre la tradicional mentalidad de nuestros presidentes, cuando menos a partir de Trujillo. Danilo Medina ha hecho un esfuerzo por demostrar que, al menos él, no comparte la parafernalia del poder heredada de Trujillo y que motiva a tantos a poseer un carguito para mostrar su simpatía con los métodos del sátrapa.
Por otra parte, unos funcionarios que actúan más con racionalidad empresarial que con mentalidad reguladora no convienen a nuestra incipiente democracia pues requerimos técnicos y no proselitismo político. Opinamos junto con el Profesor Juan Bosch, que quien desee hacer dinero debe irse al sector privado, pues el Estado está solo encargo de procurar el interés general y la armonía social estableciendo el equilibrio allí donde se encuentre perdido. Nada más. Por tanto la garantía es común a las partes en conflictos y el deudor de esos derechos es el Estado por intermedio de sus órganos y de sus funciones. DLH-8-01-2015
