Danilo Cruz Pichardo
¿Cuál es la imperiosa necesidad que tiene la Junta Central Electoral –o particularmente su presidente, Roberto Rosario, porque hay jueces que disienten de la medida– de dar por concluido el plazo para la expedición de la nueva cédula de identidad y electoral, cuando todo indica que hay tiempo suficiente para continuar emitiendo el importante documento por dos o tres meses más?
La razón descansa en que en lo adelante la gente tendrá que pagar mil pesos para la obtención de la cédula. Y por ese concepto la JCE recibiría una partida multimillonaria, convirtiéndose en el tercer organismo recaudador (después de Impuestos Internos y Aduanas), pero con la agravante de que esos recursos económicos no van al Estado.
Es lo contrario: El Estado tiene que otorgar un presupuesto a la JCE, cuyo presidente lo maneja, conjuntamente con los recursos recaudados, a su discreción, actuando como un dictador en un organismo colegiado que cuenta con otros cuatro miembros.
No tengo nada en contra del señor Roberto Rosario, pero sus arbitrariedades y confrontaciones permanentes con distintos sectores de la sociedad dominicana ameritan un balance de su conducta pública y de su propia gestión en un organismo cuya atribución, aparte de organizar y arbitrar los eventos electorales, ha sido ofrecer servicios públicos.
Pero al señor Rosario se le atribuye negar el registro civil a cientos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, contribuyendo a que nuestro país se coloque entre los principales del mundo con la presencia de apátridas, estadísticas que nos crean una imagen negativa ante la comunidad internacional.
Su parcialización política hacia el partido gobernante se ha puesto de manifiesto en múltiples oportunidades, negando el reconocimiento a entidades que cumplen con los requisitos de la Ley Electoral y contribuyendo a despojar al PRD a los verdaderos perredeístas, concediendo el partido blanco a Vargas Maldonado, en una jugarreta del oficialismo en la que el TSE, otro órgano descalificado moralmente, ha jugado un rol preponderante.
Las arbitrariedades no se han limitado al plano político, desde los tiempos en que Aura Celeste Fernández era jueza de la Junta Central Electoral hay cuestionamientos a contratos que esa institución ha tenido con suplidores de equipos. Con la propia nueva cédula hubo quienes atribuyeron sobreevaluación en el costo de parte de la compañía seleccionada para la operación.
Y en una actitud sin precedentes el licenciado Roberto Rosario se resiste a que la Cámara de Cuentas audite el desenvolvimiento financiero de la JCE. ¡Válgame Dios! El es abogado, o por lo menos licenciado en derecho, y sabe muy bien que la Cámara de Cuentas está facultada constitucionalmente para investigar el comportamiento financiero de todos los organismos estatales, centralizados y descentralizados.
Procede que El Senado de la República intervenga en el caso de la JCE, pero es un sueño que tal acontecimiento ocurra, tratándose no sólo de un compañero del Comité Central, sino de un hombre con el perfil idóneo a los fines perseguidos, razón por la que se le permite hacer y deshacer desde ese poder del Estado.
Mientras tanto observamos con impotencia la forma en que se humilla a una población, sometiéndola a filas kilométricas, inclusive bajo el sol, consciente de que el tiempo resultaría insuficiente y en lo adelante cada dominicano que requiera su nueva cédula tendrá que pagar mil toletes, dando continuidad a la fiesta de arbitrariedades y abusos.
