SANTO DOMINGO.-El vicepresidente de la Asociación de Medios Digitales Incorporados (AMDI), Nelson Féliz, entiende que el presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), JM Hidalgo, en vez de estar persiguiendo a los locutores que no tienen carnet, lo que tiene que hacer es limpiar el espectro radiofónico del país, el cual está muy contaminado con las música que difunden.
Manifestó que el presidente de la CNEPR debe empeñarse en regular los mensajes de violencias, agresiones, sexuales y descompuestos, que este a través de la entidad que dirige actualmente y que no ha hecho nada ,para corregir este mal que invade a la República Dominicana a través de la música.
“Señor, JM Hidalgo, traté de ser un agentes regulador de las músicas que difunden hoy en día nuestros medios lo cuales están cargados de morbosidades, violencia y feminicidios, en todas sus vertientes y deje de estar persiguiendo a los hombres de trabajos que se ganan el sustento de sus familias a través del mensaje que difunden a través de las frecuencias radiales, sólo porque estos no tengan un carnet “manifestó Feliz.
El comunicador se solidarizó con el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), doctor Trajano Vidal Potentini, quien salió al frente de la amenaza o el proceso que emitirá JM Hidalgo, contra los canales de TV y las emisoras de radios del país.
“El señor JM Hidalgo debe dedicarse a sacar del aire la música basura, la cual está haciendo un grave daño a nuestras juventud y que este momento en adelante las músicas que sean pautadas en las emisoras y en los canales de TV debe ser autorizadas por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) y no por los programadores y directores de estos medios”.
El vicepresidente de AMDI, Nelson Féliz, afirmó que de concretarse la amenaza planteada por la CNEPR, estaría violando la Constitución y atentando con el derecho al trabajo, la libertad de empresa y más grave aun transgrediendo la libertad de expresión y difusión del pensamiento, violaciones consagradas con categoría de derechos fundamentales en los artículos 62, 50 y 49 del texto Constitucional.
