Por David La Hoz
El turista es el más vulnerable de todos los consumidores pues al desplazarse de su domicilio habitual y asumir temporalmente un nuevo domicilio en lugares lejanos al suyo con cultura, idioma y gente diferentes a las suyas, puede ser objeto de abusos y de inseguridad. Por eso, toda nación que se defina como turística debe garantizar no solo la seguridad ciudadana de sus habitantes propios sino la de la población flotante integrada por los residentes temporales llamados turistas, como de aquellos que deciden radicarse en su territorio.
Sin embargo, la República Dominicana pasa por la paradoja de definirse como nación turística sin poseer seguridad ciudadana para sus habitantes permanentes y mucho menos para quienes nos visitan o residen temporalmente entre nosotros. Es mucho lo que se habla, mucho lo que se planifica, mucho lo que se publicita, pero la verdad es que el país tiene un gran déficits en materia de seguridad ciudadana y turistica. El mejor ejemplo es la región Este del país, la cual, a la vez, es la de mayor desarrollo turístico. Iniciando desde Boca Chica y terminando en Punta Cana, pasando por una formidable autovía que une todo el Este con la más vieja Ciudad del Nuevo Mundo, como lo es Santo Domingo de Guzmán, la inseguridad reina porque el Estado Dominicano no ha tenido éxito en la implementación de una política pública de seguridad ciudadana eficiente, y con resultados plausibles. Comenzando por las playas del Este las mismas dependen de la seguridad privada de los inversionistas turísticos, son éstos quienes han sido eficientes en la protección de sus respectivas propiedades y son éstos quienes deben directamente garantizar la seguridad ciudadana de extranjeros y nacionales. Es como si el Estado hubiese renunciado a su obligación de garantizar el orden y la paz ciudadanas.
El Presidente de la República ciudadano Danilo Medina ha dicho y reiterado que el nuestro es un país turístico que aspira a cumplir con la meta de poseer 10 millones de visitantes cada año. Esa meta presidencial es puesta en peligro por la inseguridad reinante. No es posible que el orden público dependa de la acción del sector privado pues el visitante es un practicante neto de libertad, pues el turismo es eso: libertad. Pero la seguridad en manos privada está limitada a los espacios privados, luego el resto es territorio apache. Es lo que no debe ser. Por eso los hoteleros deben hacer malabares para evitar desplazamientos individuales fuera de su perímetro hotelero. Pues, quien observa la gran cantidad de accidentes de carreteras, muertes de extranjeros y nacionales, asaltos, atracos, etc., puede llegar a la conclusión, no sin mucho esfuerzo, de que el Estado ejecuta una política pública contradictoria en materia de seguridad ciudadana, como a que el sector privado tiene razón con las restricciones que pone en marcha. Además de que la competitividad del sector disminuye por la gran inversión que requiere en seguridad y las metas estatales se complican pues el turismo individual que es lo mismo que decir: turismo estadounidense y europeo no adscriptos a planes colectivos de viajes, tienen serias dificultades.
El llamado Cestur no es más que una infundada noción de hombres buenos para nada, lo primero es que sus oficinas están irracionalmente montadas en una zona de la ciudad Capital que no guarda ninguna relación con su objeto. Si el Este es la zona de mayor desarrollo turístico y la zona metropolitana está franqueada incluso por la policía municipal ¿qué hace el Cestur en el perímetro central de santo Domingo? Ahí inicia la irracionalidad de ese cuerpo cuyo nombre real es Politur, pero cuyo nombre fue cambiado precisamente para ser convertido en una burocracia infuncional, cuyos directivos son de difícil acceso no solo por el lugar donde están situados sino porque tampoco tienen vocación alguna de servicio ni conocen la materia que ha sido puesta bajo su responsabilidad. Lo que decimos del Este es válido para Puerto Plata, Samaná, las Terrenas, etc.
De manera que el señor Presidente de la República debería observar este punto si quiere obtener buenos resultados en sus metas en materias de turismo y de seguridad ciudadana y turística. No es posible que Boca Chica, Juan Dolio, Guayacanes, La Romana, Bayahibe, y las demás zonas turísticas del Este carezcan de una adecuada seguridad ciudadana. Además, en una tierra de libertad y de libertades, no puede existir inseguridad en materias de libertad de tránsito y solaz esparcimiento.