Domínguez Brito hizo la aseveración cuando se refería al proceso que se le sigue a altos oficiales y fiscales que en vez de actuar con la responsabilidad de perseguir a traficantes de drogas, se dedicaron a robarse el estupefaciente confiscado para luego venderlo en el mercado.
A los inculpados les fueron dictadas medidas de coerción consistente en un año en prisión por un tribunal que conoció del caso el viernes en la noche.
Sobre este particular dijo que las pruebas que incriminan a los involucrados en la sustracción de 950 kilos de drogas de la Dican están ahí y aseguró que no hay motivos para descargar a los acusados.
“Ahí están todas las pruebas, los testimonios, todo, cómo ocurrió la operación, si alguien quiere descargar a alguien no es por falta de pruebas, será por otra razones. Ahora sí, yo advierto, si no somos duros con este tipo de situación, si no somos intolerantes con este tipo de complicidades, si no actuamos como tenemos que hacer, no vamos a romper esta cultura que muchas veces se da, de complicidad”, dijo.
“El caso de la Dican es uno de los casos más serios y que más atención le prestamos. El crimen aliado, a quien debió perseguir el crimen, por eso esos oficiales y todo el que participó es una vergüenza para el país, es una vergüenza para todas las instituciones”, manifestó.
En torno a este casp, la jueza de la Cámara Penal de la provincia Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, impuso este sábado en la madrugada un año de prisión como medida de coerción a nueve de los implicados en el robo de 950 kilos de droga en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), incluido el director, el jefe de operaciones, dos fiscales adjuntos y oficiales, alistados y subalternos.
Los ocho hombres fueron enviados a cumplir la pena en la cárcel de La Victoria, mientras una raso de la Policía, fue enviada a la cárcel de Najayo Mujeres.
Los procesados son los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro; el director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio, y el jefe de operaciones, teniente coronel Feliz Humberto Paulino López, así como el mayor Luciano Gómez Cabrera, el primer teniente Bárbaro Torrez Beltrán, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, la raso Raidirys García Miranda y el sargento Pedro Almánzar González.
La jueza Martínez Mejía acogió el pedimento del ministerio público, representado por el magistrado Robert Rodríguez, quien no presentó cargos en contra del mayor Carlos Amézquita Reinoso, el que tampoco fue llevado a la sala de audiencias, mientras que el caso del oficial Ruddy Japa fue dejado para el lunes a las 5:00 de la tarde.
Los debates
De inmediato el abogado defensor Alexander Suero, representante de Luciano Gómez Cabrera, dijo que recurrirá en apelación la decisión de la magistrada, debido a que había validado sin las pruebas suficientes la acusación del ministerio público.
Algunos de los abogados de los imputados habían pedido la libertad pura y simple de sus clientes por alegar su inocencia y otros demandaban su libertad porque entienden que pasaron las 48 horas para ser presentados ante un juez.
El caso se conoció bajo estrictas medidas de seguridad, las cuales fueron reforzadas en el Palacio de Justicia, con cordón de agentes en la parte trasera del edificio, por donde iban a ser sacados los imputados.
La audiencia, que inició a las 10:00 de la mañana, fue recesada pocos minutos después, porque uno los imputados no tenía abogado y otro no había sido llevado al tribunal.
Se reanudó próximo a las 11:00 de la mañana, cuando el ministerio público empezó a presentar sus argumentos, siendo aplazada 45 minutos después hasta las 2:00 de la tarde, para que el ministerio público entregara a la defensa de los imputados la solicitud de medida de coerción y los medios de prueba, siendo continuada a esa hora, dando la oportunidad a los abogados de los acusados para que presenten sus argumentos.
