Buenos Aires, 19 ene (PL) La presidenta argentina, Cristina Fernández, autorizó hoy la desclasificación de todas las escuchas telefónicas sobre las que basó su denuncia el finado fiscal Alberto Nisman contra ella y el canciller a quienes imputó de encubrir a Irán.
Por instrucción de la mandataria, el secretario de Inteligencia de Argentina, Oscar Parrilli, solicitó a la jueza María Servini que se hagan públicos todos los archivos de la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado sobre las escuchas telefónicas.
Así el Ejecutivo hace lugar al pedido que había formulado el 14 de enero pasado el propio fiscal, quien fue hallado este lunes muerto en su apartamento. Las primeras pesquisas indican que se suicidó pero la investigación está abierta.
En especial, Parrilli precisa la desclasificación de las grabaciones hechas a cuatro teléfonos pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires, y se divulgue "la identidad, las acciones, los hechos y circunstancias correspondientes al personal de inteligencia que surge del producido de las intervenciones telefónicas".
Nisman imputó el pasado miércoles en medio de gran resonancia mediática opositora a la Presidenta y su Canciller de intentar encubrir con el Memorando de Entendimiento con Irán a los presuntos culpables en el atentado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Ese acuerdo sellado en enero de 2013 fue negociado precisamente para que Nisman y un juez argentino pudieran interrogar a los iraníes que fueron implicados en la causa AMIA, pero el fiscal se negó a hacerlo y en cambio ahora acusó al Ejecutivo de intentar encubrirlos con esa medida.
En medio del revuelo que desató su imputación trascendió que el fiscal trabajaba ligado estrechamente con el anterior jefe de la Inteligencia Alberto Stiusso, alias Jaime, que estaba en contacto sobre este caso con la CIA y el servicio secreto israelí, Mossad.
La Presidenta removió a Stiusso el pasado diciembre tras detectarse irregularidades en su trabajo.
Nisman debía hoy asistir a una vista en el Congreso convocada por la oposición política para que explicara su denuncia, en la cual afrontaría un duro interrogatorio por parte de los legisladores del oficialismo, quienes exigieron llegar a la verdad de una imputación que consideran falsa.
En particular, esos diputados demandaron que el procurador presentara sus pruebas en especial las grabaciones que mencionaba para sustentar su ataque contra el Ejecutivo, y que la vista en la Comisión de Legislación Penal fuera televisada al país.
Pero la oposición y el propio fiscal se negaron que fuera abierta y pública. De todas formas, su muerte, aparentemente en un acto de suicidio, impidió que tuviera lugar, al menos este lunes.
