"Que los abogados no vengan, sin constancia de justificación, eso es culpa de ellos, no de ninguno de nosotros ni mucho menos de Héctor Eduardo: él sigue preso."
El tribunal de la Segunda Sala de Audiencias de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó hasta el 10 de febrero el conocimiento del recurso de apelación a favor de Héctor Eduardo Pichardo Hernández, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) sentenciado en primera instancia a 10 años de prisión, en julio de 2014, por homicidio voluntario en el caso del coronel Julián Suárez Cordero.
Los jueces acogieron unánimemente la petición de reenvío que hiciera el Ministerio Público dada la ausencia del abogado de la familia Suárez Cordero y del coronel Julio Justino Rodríguez, testigo y víctima dentro del proceso.
La solicitud de aplazamiento del Ministerio Público concitó el inmediato rechazo de parte del Dr. Tomás Castro, abogado de Pichardo Hernández, quien dijo que “se trata de una treta” para evitar que se conozca la apelación a favor de su defendido.
El Dr. Castro recordó que es la segunda vez de manera consecutiva que tanto el abogado de la familia Suárez como el coronel Justino Rodríguez han estado ausentes, sin que hayan presentado constancia alguna que justifique su no comparecencia, lo que ha impedido el inicio del proceso de apelación.
“Esta es una trama de una institución que se ha demostrado contar con delincuentes, que hacen procesos, crean ficticiamente culpables y a veces con una Justicia cómplice. Que los abogados no vengan, sin constancia de justificación, eso es culpa de ellos, no de ninguno de nosotros ni mucho menos de Héctor Eduardo: él sigue preso. En lo general, nuestro sistema de justicia está colapsado, ¿culpa de quién?, de los actores del proceso”, sostuvo el Dr. Castro.
Indicó que Héctor Pichardo es estudiante de Ingeniería Civil en la UASD que tiene dos años privado de su libertad, que corresponde a 8 semestres y dos Curso de Verano, tiempo en el que ya pudiera ser un profesional.
“Es muy cómodo venir aquí y decir: anoche, de madrugada, salieron con el abogado para el médico. Pero Héctor Pichardo es traído aquí de la cárcel La Victoria, esposado como un delincuente. Se aplaza la audiencia, yo me voy para mi oficina y cada uno de ustedes para su casa, felices y contento, y Héctor para la cárcel. Así no, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Y la conciencia colectiva? ¿Y la conciencia de los actores del proceso?”, insistió el letrado.
El Dr. Castro manifestó al tribunal, que fue a la Corte de Apelación del Distrito Nacional a depositar una solicitud de revisión de medida de coerción que pesa sobre Pichardo Hernández y se negaron a recibirla sobre la base de que el presidente de la corte dijo que no iba a recibir solicitud de revisión de medida de coerción.
“Es como si el presidente la corte de apelación estuviera por encima de las normas y de la ley, y Héctor Pichardo se puede decir que está en una coerción permanente, definitiva, de manera ilegal”, sostuvo el Dr. Castro.
Llamó a que cada cual dentro del proceso, el Ministerio Público, la parte civil y la defensa, asuma la responsabilidad que le corresponde.
“Yo siempre he alabado una decisión de un Juez de Instrucción de Monte Planta, que ante un proceso parecido a este dijo, vamos a poner a todo el mundo en igualdad de condiciones y dispuso la libertad de todo el mundo y al Ministerio Público y la parte civil que pidan cuantos reenvíos quieran, en condiciones de igualdad. Pero resulta, que en este caso, Héctor Eduardo no está en condiciones de igualdad, el sigue preso”, manifestó el Dr. Castro
La muerte del coronel Suárez se produjo el 23 de abril de 2013 en las inmediaciones de la UASD, donde se escenificaban protestas en el marco de la jornadanacional de protestas y movilizaciones convocada contra la Barrick Gold, FALCONDO y la megaminería en la República Dominicana.
Por la muerte del oficial policial fueron llevados a juicio el comerciante Eddy Jovanny Bonilla Cabrera y los estudiantes de la UASD Wilson Daciel Javier Nicasio, Héctor Eduardo Pichardo y Diógenes Isidro Gutiérrez Medina, todos dirigentes del grupo estudiantil Felabel, bajo la acusación de porte ilegal de armas, asociación de malhechores para asesinar al coronel.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que preside la Magistrada Natividad de los Santos, que conoció el expediente acusatorio presentado por la Fiscalía, descartó la acusación de asociación de malhechores, descargando de toda responsabilidad a cuatro de los imputados, mientras que a Héctor Pichardo fue condenado a 10 años de prisión, decisión esta que contó con el voto disidente de la jueza Arlyn B Ventura, al considerar insuficiente el testimonial y que las pruebas aportadas no vinculan a Héctor Eduardo Pichardo a la muerte del coronel Suárez Cordero.
