Fuentes no identificadas citadas por el diario La Estrella aseguraron que el expresidente Ricardo Martinelli, su hermano Mario y su secretario personal Adolfo de Obarrio, figuran entre los denunciados.
Por Osvaldo Rodriguez Martinez
Panamá, 24 ene (PL) Al romper su silencio y confesar, el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia, dio un vuelco a las investigaciones que en Panamá se siguen contra las presuntas ilegalidades del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Este viernes, al concluir dos jornadas de declaraciones ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, Guardia debió sentirse aliviado del peso que no lo dejaba dormir, según reveló a su abogado, Víctor Orobio.
No solo se declaró culpable, sino que informó a la Justicia una lista de bienes que no figuraban en su expediente, y autorizó a los bancos y al Registro Público para traspasar las propiedades al Estado.
Y más importante aún: el exfuncionario explicó a la fiscal Tania Sterling, cómo se desarrollaron los hechos desde su llegada al PAN, y quienes fueron partícipes de estas irregularidades.
Según Orobio, su cliente mencionó unos 12 nombres de funcionarios y personas del sector privado, pero el abogado no reveló su identidad.
Fuentes no identificadas citadas por el diario La Estrella aseguraron que el expresidente Ricardo Martinelli, su hermano Mario y su secretario personal Adolfo de Obarrio, figuran entre los denunciados.
Otra de las mencionadas fue la empresaria Praxedis Pinzón, a quien capturaron anoche en el aeropuerto capitalino de Tocumen, mientras trataba de huir del país.
Tales alegatos comienzan a desenredar una complicada madeja de hechos de corrupción, de los cuales la justicia panameña acusa a funcionarios públicos del gobierno de Martinelli, y al parecer muchos de estos caminos apuntan al propio expresidente.
Una muestra del carácter mafioso que subyace en el trasfondo de los múltiples escándalos de la anterior administración, es que Guardia recibió en su comida una nota que decía: "tu cabeza tiene precio".
Después de renunciar al largo silencio mantenido desde el pasado 17 de noviembre cuando fue detenido, el reo decidió colaborar y sacar a la luz cómo sucedieron algunos procesos de robo al Estado, por los cuales la Fiscalía tiene abiertos 11 expedientes.
Guardia y su antecesor en el cargo, Giacomo Tamburrelli, son acusados por supuestos sobrecostos en contratos realizados por el PAN, aunque también desde esta institución se pagaron los sistemas de escucha telefónica utilizados en el denunciado espionaje político.
Otro capítulo de la mayor acción judicial que recuerden los panameños a lo largo de su historia, fue la aparición de nuevas cuentas bancarias relacionadas con la investigación que se le sigue al magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada.
Con el descubrimiento, el letrado deberá responder en conjunto por el origen de 4,4 millones de dólares en 14 cuentas, tres automóviles de lujo y dos apartamentos en un barrio exclusivo de la capital itsmeña, según publicó el diario La Prensa.
Al responder en entrevista a Telemetro de cómo era posible que en su cadena de supermercados se jacte de que "no se le pierde ni una lata de sardinas", y que funcionarios de su administración se apropiaron de millones, Martinelli respondió: "al mejor cazador se le va la liebre".
Aunque no fue acusado formalmente por el Ministerio Público, analistas políticos y de prensa consideran que el expresidente debería ir ante la justicia, y que al cerrarse el cerco en su contra percibe el peligro y prepara la huida bajo la justificación de una gira internacional de denuncia.
Martinelli es actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por lo que goza de inmunidad y además, al no terminarse el proceso eleccionario por las reclamaciones pendientes, cuenta con la protección del fuero otorgado por la Ley Electoral.
Y previendo que la justicia le pisa los talones, el exmandatario contrató a un ejército de 15 abogados encabezados por el exministro de Gobierno Alejandro Pérez, e inició una ofensiva legal que comenzó por una querella penal por calumnia e injuria contra el excontralor Carlos Vallarino.
El querellado habló la víspera en el canal Telemetro y enfatizó que Panamá estuvo dirigido por una verdadera organización criminal con un capo a la cabeza.
El elemento de este proceso que tal vez ofreció la nota más dramática por la invasión a la privacidad, fue el descubrimiento de que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) espiaba a funcionarios públicos, políticos, religiosos, magistrados, sindicalistas, periodistas y empresarios.
Acusados en este proceso por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad están detenidos el exdirector de la Policía, Gustavo Pérez, y Alejandro Garuz, ambos secretarios del CSN.
En diálogos callejeros Prensa Latina pudo constatar un mayoritario clamor popular en varios estratos de la sociedad panameña de que la justicia alcance a Martinelli, a quien muchos acusan de ser la cabeza de las denuncias, sin embargo dice no conocer nada de lo sucedido.
Si como algunos comentan, tras todos estos hechos se mueve una organización criminal al estilo de la Mafia, entonces no estaría funcionando el código siciliano de Omertà o ley del silencio.
Solo por boca de los implicados la verdad saldría a flote: y salió.
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