En un comunicado de las centrales sindicales de la República Dominicana, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) se hace constar un rosario de acciones antisindicales.
Las entidades se dirigen al presidente Danilo Medina y la opinión pública en general a quienes expresan su preocupación "por las flagrantes violaciones a la libertad sindical y a los derechos humanos proveniente de instituciones gubernamentales, lo que agrava la situación, pues el mismo Estado se constituye en violador de derechos humanos que tiene la obligación de salvaguardar y garantizar su ejercicio".
Ponen de ejemplo el caso relacionado con la desvinculación de 31 controladores aéreos, directivos y miembros de la AsociaciÖN Dominicana de Controladores Aéreos (ADCA), en represalia por sus actividades sindicales, cuyo calvario se inició al final del año 2013, por haberse opuesto a un plan de privatización orquestado por el director del Instituto de Aviación Civil (IDAC).
Agrega que los controladores reclaman que las relaciones laborales en dicha institución deben regirse como debe ser, por las normas nacionales e internacionales del trabajo que aplican en la administración pública, entre ellos los convenios de la OIT y que la vigilancia de estos de que la aeronáutica civil, sea una actividad segura y eficiente.
"La respuesta del director del IDAC, el sr. Marcelino Alejandro Herrera es no recibir e intentar desconocer a los representantes de la ADCA, promueve una asociación de controladores aéreos en paralelo", agrega.
Posteriormente entre marzo y abril 2014 suspende y desvincula a la directiva completa de la asociación, acusándolos a todos de prácticas de indisciplina, intentando ocultar su verdadero motivo, la retaliación por las actividades sindicales desarrolladas.
A esto suma que le impide a otros 18 afiliados ejercer sus labores por el solo hecho de apoyar su asociación y sus directivos en la lucha, manteniéndoles en total estado de indefinición jurídica.
Ninguna de las instancias a las que han recurrido los controladores aéreos, en el plano administrativo y judicial ha facilitado la solución de conflicto. Ni siquiera el hecho de que el Tribunal Superior Administrativo haya ordenado en junio el reintegro de los directivos mediante la sentencia 230-2014.
El resultado, presiones en el mismo tribunal por haber reconocido los derechos fundamentales de este colectivo. De manera olímpica y contrario a los principios en materia de amparo, el director del IDAC desacató el cumplimiento de la citada orden judicial y recurrió por ante el Tribunal Constitucional, el cual de la manera más absurda y como es ya costumbre de este tribunal, emitió una sentencia política en un plazo record de 2 meses de espaldas a los derechos fundamentales y constitucionales, dispuestos en la legislación nacional y en los convenios internacionales ratificados por el país.
La falta de una respuesta efectiva de las instituciones para cuando desde el poder se ejerce la autoridad con abuso y arbitrariedad, ha obligado a los controladores aéreos a recurrir a los organismos internacionales y también a la legítima protesta, como es la vigilia en el parque Benito Juárez, frente al Palacio Nacional, por lo que han sido objeto de persecución, detención, arrestos ilegales, entre otras violaciones a sus derechos humanos, para evitar que se muestren al público las violaciones que se han cometido en su contra.
Otro caso es el de EDENORTE, el secretario general del SINDICATO AUTÓNOMO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA EDENORTE DOMINICANA (SIATRAEDENORTE), el señor: JOSE ALEJANDRO FAJARDO MEJIA, junto al afiliado y activista del sindicato ARIEL ANTONIO MADERA ARACENA, han sido víctimas de persecuciones permanentes y del ejercicio constante de PRÁCTICAS DESLEALES Y ABUSIVAS en su contra por parte de la empresa EDENORTE DOMINICANA, S. A., cuyos ejecutivos en la región norte no le perdonan el hecho de haber ejercido su derecho fundamental y constitucional de organizarse sindicalmente, siendo acusados e incriminados injustamente por la empresa en un hecho delictivo, la quema de alambres, con el único objetivo de DESPEDIRLOS deshonrosamente, desprestigiar y destruir el sindicato.
Existen pruebas contundentes de la inocencia de estos líderes sindicales abusivamente imputados y de la manipulación de informaciones promovidas por la empresa. Sin embargo, estos trabajadores llevan más de 6 meses con medida de coerción, bajo falsas acusaciones de la empresa sin aporte de ninguna prueba de haber cometido actos deshonestos. Pagando de esta manera, por haberse atrevido a ejercer sus derechos sindicales.
"Los atropellos de EDENORTE han continuado y recientemente en fecha 16 de enero del 2015, esta empresa estatal rompió de manera violenta mediante el desahucio, el contrato de trabajo del Secretario de Prensa e Información del Sindicato, el señor José Antonio Germosén, violentando las disposiciones del Código de Trabajo sobre la libertad y el fuero sindical, desahucio y los convenios 87 y 98 de la OIT ratificados por la República Dominicana" concluye la nota.