SANTIAGO.- El concejal Domingo Ureña, del Partido de Acción Liberal (PAL) solicitó al alcalde Gilberto Serulle suspender por el momento su campaña mediática de índole reeleccionista y dedicarse a administrar el municipio de manera adecuada.
En tal sentido, le sugirió que se embarque en realizar un programa educativo, para que las comunidades sepan los días que el camión recolector de basura pasa por su residencia y evite así la proliferación de los vertederos improvisados.
Ureña se refirió al tema mientras agotaba un turno en la asamblea provincial de dirigentes de esa organización política, actividad en la que rindió un informe sobre la realidad que se vive en el municipio de Santiago, con relación a los fondos municipales.
El concejal es de opinión de que la administración municipal debe iniciar en los próximos días un plan, a fin de implementar un sistema de organización “con el fin de evitar el colapso total del Ayuntamiento de Santiago”.
También, llevar a cabo un proceso de priorización de las obras ya iniciadas, pago y eficiencia de los servicios que presta el cabildo a la ciudadanía y planificar mejor lo relativo a la cobranza de los arbitrios.
En otro sentido, Ureña solicitó al alcalde Serulle ofrecer a la ciudadanía un informe detallado, por medio del cual se pueda establecer la cantidad de dinero que ha invertido en obras.
En su pedido especifica que los datos económicos deben abarcar todas las contratas, incluyendo las emitidas por vía administrativa, así como los gastos de nóminas y servicios generales.
Dijo que el más reciente cuestionamiento sobre los millonarios recursos económicos de la Alcaldía fue sobre la solicitud de Serulle para que se le aprobara un préstamo de 50 millones de pesos, pedido que es analizado por la comisión de finanzas del Concejo.
Previo a esa solicitud se le aprobó una línea de crédito por 20 millones pesos del Banco de Reservas, dinero que aseguró Serulle utiliza de manera discrecional. Este préstamo no fue aprobado.
Ureña recordó que en ocasiones anteriores el Ayuntamiento ha sido garante de préstamos similares, entre ellos uno con el banco ADEMI, para garantizar la terminación de la Plaza del Sombrerero, en la que se ubicaron vendedores ambulantes del centro de la ciudad.
El concejal del PAL preció que ese proyecto sucumbió “ya que los espacios público están de nuevo ocupados por vendedores informales, sin que los ediles tengamos el más mínimo informe sobre dicho préstamo”.
Puntualizó que existen otras obras por las que se han especializado recursos millonarios para que sean realizadas y se encuentran paralizadas, entre ellas el paseo caribeño del Mirador Yaque donde, según Ureña, el lugar se ha convertido en un nido de antisociales tras la inversión de más de 25 millones de pesos “y allí solo se pueden ver malezas y algunas de palma instaladas”.
En similar situación de abandono el concejal del PAL citó la llamada plaza El Frutero “donde la mitad de esa obra está abandonada, así como el puente peatonal de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el bajo techo del ensanche Bermúdez y el club Félix Benjamín Marte.
Ureña informó a los dirigentes de su partido asistentes en la asamblea que la nómina del cabildo ha sido elevada en la presente administración en más de un ciento por ciento, en comparación con hace cuatro años, situada en estos momentos en más de 40 millones.
“Mientras eso ocurre, las partidas asignadas para cumplir el 4 por ciento para educación, género y salud no se corresponden con lo que establece la ley, en vista de que no se ha realizado un solo programa que justifique esos gastos”, agregó.
Puso como ejemplo que, como consecuencia de esa situación, muchos de los estudiantes becados por la alcaldía para estudiar en la PUCMM y Utesa debieron abandonar las carreras y otros tuvieron que asumir gastos a futuro para poder terminar sus estudios.
Resaltó, también, el nivel deficitario en el manejo administrativo “hasta el extremo que el alcalde Serulle ha emitido cheques sin fondos por el orden de los 30 millones de pesos”.
En tal sentido, el concejal Ureña planteó la revisión del mecanismo que usa la alcaldía para la contratación de obras, bienes y servicios; implementar los pasos establecidos en la ley 340-06 y rescindir los contratos otorgados grado a grado.
