En el marco del Día Mundial de Desinversión en Combustibles Fósiles, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático anunció, en rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy, que solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la revocación de la licencia ambiental para la construcción de las plantas de carbón en Punta Catalina, Provincia Peravia, y la inmediata suspensión de esta obra, al mismo tiempo que pidió la apertura de investigación sobre el proceso de licitación, del contrato y de las inversiones realizadas hasta la fecha en este proyecto a la Cámara de Cuentas de la República, a la presidenta del Brasil Dilma Rousseff y al Procurador General de ese país, Rodrigo Jannot.
Dijo que en el día de ayer había depositado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la formal solicitud de revocación de la licencia ambiental que fuera expedida el 14 da agosto del año pasado a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para la construcción de estas plantas por graves violaciones a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Reglamento del Sistema de Permisos y Licencia Ambientales y a los Términos de Referencia que fueron emitidos para guiar el otorgamiento de esta licencia.
Graves violaciones
Explicó que esta licencia fue expedida a más de ocho meses de haber iniciado los trabajos de construcción de estas plantas en violación al artículo 40 de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales que establece que la licencia ambiental debe expedirse antes de comenzar el proyecto.
Señalaron que para la misma fecha en que fuera otorgada la licencia, el 14 de agosto del 2014, el licenciado Jiménez Bichara anunció “con bombos y platillos” que llevaba invertido en la construcción de estas plantas más de 400 millones de dólares.
También el Comité basa su pedimento de revocación de la licencia ambiental de este proyecto, en el hecho de que no se celebró la segunda vista pública y no se le dio oportunidad a la comunidad de conocer y discutir el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la CDEEE, tal como lo ordena el Reglamento de Sistema de Permisos y Licencias Ambientales.
Igualmente basó la demanda de anulación de esta licencia en la grave irregularidad de que no fueron depositados la carta de no objeción del Distrito Municipal de Catalina ni el certificado de título de propiedad de los terrenos a nombre de esta empresa y/o el contrato de compra venta de los propietarios de los mismos.
Añadió que la carencia de estos documentos transgrede la sección séptima sobre el marco jurídico legal de los Términos de Referencia Guía para el Estudio de Impacto Ambiental de la construcción de estas plantas que los exige como requisito previo para la expedición de la licencia.
“Ya la opinión pública sabe que estos documentos no existen por la propia confesión de los abogados de la CDEEE que admitieron el pasado 3 de febrero, ante el Tribunal Superior Administrativo que carecen de documentos legales que avalen el uso de los terrenos donde se edifican las plantas de carbón”, apuntó.
Además alegó que la CDEEE violó la disposición de la licencia ambiental en varios de sus artículos al sepultar una laguna adyacente a la construcción de las plantas con escombros y movimiento de tierra, y al tomar agua de manera reiterada y sistemática del Arroyo Catalina para la obra.
Explicó que estos actos contravienen los artículos 18 y 15 de la Disposición de la Licencia Ambiental que obligan a la CDEEE en su condición de promotor a preservar y proteger los ecosistemas representados en el área y a proveerse y garantizar el suministro y abastecimiento de todos los servicios como agua, energía, agua residuales y manejo de residuos sólidos requeridos en todas las fases del proyecto.
Justificó la solicitud de revocación de la licencia de la Termoeléctrica de Punta Catalina en la no existencia de un plan de manejo detallado de más 174 mil toneladas de cenizas anuales que ésta producirá que contendrán contaminantes tóxicos y radioactivos, y en que las provisiones técnicas de filtros que se establecen en el Estudio de Impacto Ambiental aportado por la CDEEE, son insuficientes para evitar la emisión de la micropartículas y los gases tóxicos de la combustión del carbón mineral, lo que provocará contaminación del aire, del suelo y de las aguas, así como enfermedades en la población.
Reunión con la presidenta de la Cámara de Cuentas
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) informó que se reunió el pasado lunes 9, con la presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Licelott Marte de Barrios, en su despacho, exponiéndole durante el encuentro las irregularidades del proceso de licitación que escogió a la empresa Odebrecht, y la sospecha fundamentada de la existencia de una sobrevaluación en el costo de las plantas de alrededor de mil millones de dólares.
En la carta que el comité le entregó a la doctora Marte de Barrios, solicita que ese organismo también audite los más de 600 millones de dólares que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE) ha invertido, según ha afirmado públicamente su primer vicepresidente, señor Rubén Jiménez Bichara, en la construcción de estas plantas en unos terrenos ajenos, de los cuales no posee ningún documento legal que avale el uso de los mismos.
Evitar otro escándalo como el de los aviones Super Tucano
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático manifestó que ha pedido al gobierno brasileño que en el marco de la Ley Anticorrupción de ese país, abra una investigación sobre la empresa Norberto Odebrecht de esa nacionalidad, debido a que el rumor público señala que “existe una gran sobrevaluación del proyecto de construcción de dos plantas de carbón mineral, en Punta Catalina, Provincia Peravia de la República Dominicana, y por ser ésta cómplice de las irregularidades y violaciones a la ley que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) cometió durante el proceso de licitación de este contrato que finalmente le fuera otorgado”.
El Comité dice en su misiva dirigida a la presidenta y al procurador general del Brasil que la licitación fue dirigida por Stanley Consultants que según el rumor público, es una empresa asociada a Odebrecht, resultando la empresa brasileña ganadora de esta licitación.
“Nuestro interés es evitar un nuevo escándalo aún mayor que el de los aviones Súper Tucano y contribuir con la transparencia en el manejo de los recursos públicos y con la lucha de cero tolerancia con la corrupción que ha sido una de sus principales políticas de su gobierno”, aseguró en la misiva dirigida a la presidenta y al procurador general del Brasil.
Afirmó que en la construcción de las plantas de carbón está involucrada una cantidad de recursos inmensamente mayor que en el caso de los aviones Súper Tucano en el que están implicados una empresa brasileña y, en el país, un senador, oficiales de las Fuerzas Armadas y altos funcionarios de la administración pública.
